En días pasados en el noticiero de Joaquín López-Dóriga, el periodista José Fonseca comentó el caso de Rafael Zapata, juarense que está preso en un penal de Chihuahua y afronta un proceso por homicidio. Él y su cuñado se enfrentaron a un grupo de extorsionadores y en el incidente Zapata disparó un arma y mató a uno de los delincuentes.
Según narra el procesado, al llegar a la tienda de abarrotes de su cuñado, vio que éste era amenazado con una pistola y sin pensarlo, se le echó encima al extorsionador para intentar quitarle la pistola. En el forcejeo el extorsionador soltó la pistola y lo inmovilizaron con un golpe.
Rafael escuchó el rechinar de llantas de un auto que se paró frente al negocio y asustado tomó la pistola del delincuente y empezó a disparar contra el vehículo, matando a uno de otros dos extorsionadores. Le dio ocho disparos, todos en el cuerpo a una distancia de dos metros. Rafael señala: “apunté la pistola al carro, pero no supe ni cuántas veces disparé porque tenía mucho miedo. Luego me asusté mucho. Arrojé la pistola a la banqueta y salí corriendo. Llegué a la casa de un amigo al que le platiqué lo sucedido. Oía carros afuera y pensaba que eran los extorsionadores.”
Un juez de garantías encontró elementos suficientes para procesarlo por homicidio, decisión que fue ratificada por un juzgado de distrito que le negó el amparo a Zapata.
Según los jueces, no está acreditada la legítima defensa ya que el occiso no representaba un peligro inminente para el comerciante o para su familia. Según la investigación, el extorsionador se encontraba en el interior del vehículo, no se bajó en ningún momento y de forma visible no portaba ninguna arma, por lo que pese al antecedente de amenazas previas contra su familiar, sujetaron a Rafael Zapata a proceso.
El periodista, como muchos otros considera que este fue un acto de defensa propia y que las decisiones en el caso Zapata son injustas.
En este caso están en conflicto la legalidad y la justicia.
La doctrina y los criterios de la Corte establecen como requisitos para la legítima defensa: a) la existencia de una agresión real, actual, sin derecho. La agresión se entiende cualquier movimiento corporal hecho por el atacante que lesione o hubiere lesionado la integridad personal del agredido; b) un peligro inminente e inevitable derivado de ésta y c) una defensa proporcional a la agresión.
Es por ello que a criterio del juez de garantías no existe la legítima defensa, ya que una vez desarmado el primer extorsionador, no existía una agresión real o un peligro inminente, además de que se puede considerar que la defensa fue desproporcionada por el número de disparos que realizó Zapata y que la persona estaba en el interior del vehículo y no adentro de la tienda, además que no existía un arma de fuego a la vista.
Inclusive existe una tesis aislada que señala que “la reacción defensiva efectuada cuando ya se habían consumado el ataque y el peligro que se pretende la motivaron, no puede considerarse como legítima defensa ni exime de responsabilidad penal al agente activo del delito”.
Así, podemos concluir que la decisión de los jueces fue legal, pero ¿fue justa?
Rafael Zapata no vive en un ambiente normal. En esa ciudad fronteriza en lo que va del año han muerto casi 900 personas y en 2010 asesinaron a 3,116 personas con absoluta impunidad. La gran mayoría de los comercios, incluyendo fondas, vulcanizadotas o tiendas de abarrotes, como la del cuñado de Rafael Zapata, son extorsionados y pagan cuotas de protección, es decir, pagan para que no los lesionen o maten. Los Zapata ya habían recibido amenazas de muerte, e inclusive se encontraban en el registro de extorsionados de las autoridades federales.
En enero de 2011 en el poblado de Las Palomas, cerca de Juárez, Alfredo Sandoval enfrentó y mató a tres ladrones que entraron a robar a su casa, defendiendo su vida y la de su familia, fue tratado como héroe y no se le acusó de ningún delito. Menos de tres semanas después fue asesinado junto con su esposa recibiendo cada uno más de veinte impactos de bala.
Si Rafael Zapata tomó el arma y disparó no fue impulsado por una acción de legítima defensa, que implica una reacción pensada, medida. Fue impulsado por el miedo, el miedo generalizado que se siente en Ciudad Juárez al crimen organizado y las represalias que impunemente pueden tomar.
No, la decisión de los jueces no fue justa. Debieron de haber tomado en cuenta las circunstancias que rodean a Rafael Zapata en particular y a todos los juarenses en general.
Los jueces debieron arriesgarse y liberar a Zapata, en cualquier caso, le correspondía al Ministerio Público impugnar la decisión. Pero tal vez, sólo tal vez, los jueces y ministerios públicos también tienen miedo
Nota: El hermano de Rafael Zapata fue asesinado horas después del incidente y su familia huyó de la ciudad, su vida está en riesgo porque el penal en el que se encuentra está controlado por los Aztecas, pandilla a la que pertenecían los extorsionadores.
