En las últimas entregas hemos estado hablando de la Ley de Seguridad Nacional, con la cual se pretende regular la participación del ejército en el combate al crimen organizado.

 

En los medios el tema murió, al menos por ahora, y parece ser que para los legisladores también al estar en receso el Congreso, ya que ni siquiera las comisiones que deben revisar la iniciativa se han reunido.

 

A mi el tema me sigue haciendo ruido porque la inseguridad sigue presente, y sigue existiendo un marco jurídico endeble para la actuación del ejército.

 

Una de las principales críticas que se hicieron a la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional es la facultad que se otorga al Presidente de la República para emitir la declaratoria de afectación a la seguridad interior, a través de la cual se autorizaría la participación de las Fuerzas Armadas en la investigación  de los delitos y su persecución.

 

Por lo pronto, la propuesta se detuvo en la Cámara de Diputados con el argumento de que “se daría la facultad al presidente para declarar estados de excepción”.

 

En ocasiones, para resolver un problema es conveniente conocer la experiencia de otras entidades que están viviendo la misma situación.

 

En Guatemala, entre la noche del sábado y el domingo de la semana pasada hubo una masacre en una finca llamada los Cocos, en el Municipio de Libertad, Departamento de Petén, que colinda con la frontera de México, específicamente los estados de Chiapas y Tabasco, en la que asesinaron a 27 personas. Las autoridades guatemaltecas atribuyen los homicidios  a la organización delictiva conocida como los Zetas.

 

Como respuesta a estos incidentes las autoridades guatemaltecas decretaron el día 17 de mayo el estado de sitio en todo el Departamento de Petén, que cuenta con una extensión territorial de 35,854 kilómetros cuadrados. Con la acción se busca agilizar operativos que permitan la captura y procesamiento de los integrantes de los Zetas que perpetraron la matanza en la finca.

 

Ese decreto tiene su fundamento en la Constitución Política de ese país y en la Ley de Orden Público, que data de 1965, con reformas de 1970, y que regula la limitación de los derechos constitucionales.

 

El decreto restringe los derechos a que se refieren los artículos 5º, 6º, 9º, 26, 33 y segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución guatemalteca, que se refieren a lo que ellos llaman libertad de acción (derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no acatar ordenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. no ser perseguido ni molestada por opiniones) detención legal, interrogatorio a detenidos o presos (las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos) libertad de locomoción (libertad de tránsito), derecho de reunión y manifestación y derecho de portación de armas, respectivamente.

 

En el estado de sitio el Presidente ejerce el Gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional.

 

La Ley de Orden Público, como reflejo de la Constitución, establece cinco estados de excepción, según la gravedad de la situación, además del estado de sitio se prevén el estado de prevención, estado de alarma, estado de calamidad pública, estado de sitio y estado de guerra, y faculta al Ejecutivo a establecer ciertas restricciones específicas para cada estado de excepción y que son acumuladas en el siguiente nivel.

 

Así, en el estado de sitio se aplican las restricciones previstas para el estado de prevención, el estado de calamidad y el estado de alarma, como: militarizar los servicios públicos; disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública no autorizadas; establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad; establecer retenes y revisiones; obligar  a las personas a permanecen en sus residencias.

 

Además, la ley permite detener sin necesidad de mandamiento judicial o apremio, a toda persona contra quien existieren indicios racionales de que actúa como autor, cómplice o encubridor para alterar el orden público. La detención durará el tiempo indispensable para esclarecer los hechos y se permite el allanamiento de domicilios, sin necesidad del mandamiento de un juez.

 

Los decretos que establecen los estados de excepción deben ser tomados mediante un acuerdo de ministros, deben ser ratificados, modificados o desaprobados por el Congreso, y duran 30 días, salvo que se dicte decreto en el mismo sentido. Estas formalidades no son necesarias cuando se trata del estado de excepción más simple, que es el estado de prevención.

 

Con este marco legal el Ejército, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público  han establecido retenes y revisiones, restringido las actividades de las comunidades,  revisado casas y efectuado detenciones en el Departamento de Petén en Guatemala.

 

Lo que podriamos llamar la fase uno de los estados de excepción es el estado de prevención, que es el equivalente a la declaratoria de afectación a la seguridad interior que proponen en las reformas  a la Ley de Seguridad Nacional. Este estado de excepción puede ser decretado por el Presidente, sin necesidad de la participación de los ministros o el Congreso, restringiendo el libre tránsito, realizando revisiones, detenciones y allanamientos ¿No les suena parecido?

 

Nosotros hasta el momento no tenemos un marco jurídico que se acerque a estas disposiciones y que dé el sustento legal suficiente  a las actividades que se vienen realizando. En este momento no estioy poniendo a discusión la efectividad de los operativos del gobierno federal mexicano, sino su legalidad.

 

Por más vueltas que le quieran dar, al analizar lo que esta pasando en Guatemala y compararlo con México, creo que discutir las reformas a la Ley de Seguridad Nacional es pérdida de tiempo. El tema no es la seguridad nacional, el tema es suspender las garantías y establecer las condiciones para ello.

 

Esa discusión estaría más que justificada gracias a la última reforma de la Constitución en materia de derechos humanos (que ya cuenta con la aprobación de 17 congresos locales por lo que pronto será publicada) En los transitorios de esa reforma el Congreso de la Unión se obliga a expedir la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional en materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de esas reformas.

 

En el periodo extraordinario (que seguramente no sucederá) o en el próximo ordinario se van a hacer garras por las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y de pasada dividirán  a la sociedad, y lo volverán a hacer con la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional (si es que no se atraviesan las elecciones presidenciales, sino será hasta después del 2012 que le entren al tema) y nosotros solo de espectadores.

 

Lastima, les encanta hacer leyes para salir del pasó, para resolver coyunturas actuales, sin preocuparse en realidad por el futuro de la república, por la legalidad y por nuestra seguridad.