El 18 de febrero se estrenó en los cines nacionales la película-documental Presunto Culpable que se anuncia con el slogan “En México, ser inocente no basta para ser libre”.

 

El film presenta el caso de José Antonio Zúñiga, quién es acusado de homicidio, y que a pesar de los testigos de descargo y que no existe evidencia física en su contra, es condenado a 20 años de prisión basándose el juez exclusivamente en el testimonio de Víctor Reyes Bravo, primo de la víctima.

 

La película causó gran impacto social pero atrajo más público y controversia a partir de que Víctor Reyes Bravo interpuso un amparo en contra de la autorización otorgada por la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) para la distribución, exhibición y comercialización de la película porque considera que se viola su derecho fundamental a la intimidad y a la vida privada, y que la juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo Domínguez, otorga la suspensión provisional del acto reclamado, decisión que lleva a que  la película se deje de exhibir.

 

La gran mayoría de los medios de comunicación, comunicadores, columnistas, autoridades del Distrito Federal e inclusive la Secretaría de Gobernación llamaron a la decisión de la juez un acto de censura, centrando las críticas en contra del Poder Judicial Federal, y todos los seguimos.

 

Poco importó que ese fuera el segundo juicio de amparo en contra de la exhibición de la película, ya que el primero se interpuso en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa por la familia Reyes, familiares de la víctima, alegando que se violó en su perjuicio la garantía de audiencia. Tampoco fue relevante que en ese caso no se concediera la suspensión provisional.

 

Que esas personas hubieran solicitado directamente a RTC la revocación de la autorización o, en su caso, no conceder la autorización para la transmisión en cine del documental y que esas instancias se negaron, tampoco fue relevante.

 

No resultó destacable que conforme a la Ley de Amparo la suspensión provisional es una decisión discrecional del juez, que no es una decisión definitiva, que se puede impugnar a través de una queja.

 

Operadora Comercial de Desarrollo, S.A. de C.V. (Cinépolis), Layda María Esther Negrete Sansores y Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., impugnaron la suspensión provisional (no así Gobernación o el gobierno del D.F. que anunciaron que también impugnarían) y finalmente el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la revocó y la nota es que la película regresa al cine.

 

Poco importa que ésta tampoco sea una decisión definitiva, que falta que se celebre la audiencia incidental del incidente de suspensión y que se resuelva el fondo del amparo, en donde se determinara si RTC violó o no los derechos constitucionales del quejoso. Menos significativo resulta para los medios que si la respuesta es positiva, puede volver a suspenderse la proyección de la película, decisión que también puede ser impugnada.

 

En un juicio ninguna decisión es definitiva hasta que no existe una sentencia que ya no pueda ser cuestionada.

 

Nadie destacó que todas las autoridades que aparecen en el documental son del Distrito Federal, que no existe un Poder Judicial nacional, y que existe un Poder Judicial Federal y Poder Judicial en cada estado y que son independientes, por lo que si existiera un interés en censurar el documental sería por parte de las autoridades del Distrito Federal, lo que niegan.

 

Todo ha sido un mar de declaraciones y confusión en el que cada uno ha buscado proteger sus garantías constitucionales y sus intereses: José Antonio Zúñiga, Víctor Reyes Bravo, la familia Reyes, Cinépolis, Layda María Esther Negrete Sansores, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., el Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación.

 

Pero lo que ha quedado presente es la desinformación, fomentada por la mayoría de los medios de comunicación, comunicadores y columnistas, que prefieren la nota banquetera, a reportear,  a investigar.

 

Inclusive la ignorancia los lleva a ser como veletas. Hoy condenan que José Antonio Zúñiga hubiera sido sentenciado por un testimonio inválido y sin evidencia física, pero ayer cuestionaban a los jueces  del Tribunal Oral de Ciudad Juárez que absolvieron a Sergio Barraza, presunto autor intelectual del homicidio de Marisela Escobedo, porque no existían testimoniales válidas ni evidencia física que lo incriminara.

 

Esa desinformación ha sido tolerada y seguida por la sociedad que condenó a la jueza Blanco Lobo Domínguez y al Poder Judicial en su conjunto, basándose exclusivamente en lo que dicen los medios.

 

Esa desinformación fue solapada por el Poder Judicial Federal con su silencio de dos semanas, porque consideran que en general “no deben dar explicaciones de sus resoluciones, que las explicaciones se dan en las resoluciones” negándose a bajarse del estrado para hacer contacto con la gente.

 

Y una mentira que se repitió mil veces, se convirtió en verdad.

 

 

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