Al finalizar la sesión de los “Diálogos por la Seguridad” del 12 de enero el presidente se refirió al caso de Marisela Escobedo en Chihuahua, mismo que hemos comentado ampliamente en este espacio. Señaló que “es necesario evitar que el ‘hipergarantismo’ cancele las posibilidades de justicia… (exagere) las garantías del procesado en grado tal que cancele las garantías de la sociedad…duele mucho que el esfuerzo que se hace por la sociedad y el gobierno para combatir la criminalidad se debilite finalmente en la última etapa (los juzgados)”.
El Presidente consideró que “…por un formalismo los jueces tuvieron la oportunidad de no condenar…los jueces se están convirtiendo más que en jueces, en verificadores de requisitos”. Estos comentarios los ratificó en entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez, agregando además que “…parte de la impunidad está en el Poder Judicial…”
Entiendo que Felipe Calderón, el abogado, tenga una visión parcial, y sea empático con las víctimas de un delito como Marisela Escobedo, Eduardo Gallo, Miranda Wallace o Alejandro Martí.
Pero que el Presidente de la República considere una garantía constitucional como un “formalismo” y manifieste de forma tácita que todos los procesados son responsables de un delito, me parece aberrante en un país que supuestamente vive un estado de derecho, y por demás absurdo que después hable sobre la ausencia de una cultura de la legalidad.
En el caso especifico del homicidio de Marisela Escobedo, Sergio Barraza Bocanegra, a quien se considera autor intelectual del homicidio, fue procesado por el asesinato de la hija de ésta, Rubí y absuelto. El escándalo en torno al caso surgió porque presuntamente Barraza confesó el homicidio ante dos agentes de la Policía Municipal, y después con un agente de la Policía Ministerial Investigadora, pero sin la presencia de su defensor.
Y la presencia del defensor no es un “formalismo” como lo llama el presidente, es una garantía constitucional, prevista en tres ordenamientos distintos.
El artículo 20 apartado B de la Constitución Política federal establece que toda persona que es acusada de un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia y a declarar o a guardar silencio, destacando que la “…confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio…”.
La Constitución del Estado de Chihuahua señala en su artículo 6, párrafo cuarto, que “El indiciado no podrá ser obligado a declarar… La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor, carecerá de todo valor probatorio.”
Y los artículos 133 tercer párrafo, 135 párrafo quinto y 137 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Chihuahua indican que la declaración sólo tendrá validez si es prestada voluntariamente por el acusado, asistido por su defensor, ante el Ministerio Público o un Juez y que aquella que se realice sin la asistencia del defensor “carecerá de todo valor probatorio”.
Así, la mal llamada confesión de Barraza carecía de valor probatorio, además de que ya en el proceso ejerció su derecho a no declarar.
Se supone que en el expediente existen otras pruebas periciales, pero al final los expertos reconocieron que no quedaba plenamente demostrada la causa de la muerte o los vínculos de Barraza con el homicidio, por lo que si la única prueba de culpabilidad eran las declaraciones de Barraza el asunto estaba perdido.
¿Y si se tratará de usted? ¿Si siendo inocente, lo condenarán a 60 años de cárcel con base en una supuesta confesión obtenida sin la presencia de su defensor? ¿No exigiría que se hiciera valer la garantía constitucional?
El nuevo sistema penal acusatorio se creo para evitar esos casos, pero en la óptica del Presidente de la República esa condena sería válida, porque se salvó el “formalismo” que significa una garantía constitucional aunque “se pase de ladito por la ley y no se cumpla”.
Pareciera que el presidente y abogado olvidó que en un Estado de Derecho las autoridades están sometidas a la ley y actúan con apego a la misma, y en una cultura de la legalidad, la sociedad cree en las normas legales y las respeta.
No soy ingenuo y sé que sin duda existe mucha corrupción en el poder judicial, pero estoy convencido de que podemos vivir en un Estado de Derecho y una cultura de la legalidad, en donde la criminalidad y la corrupción de los jueces se combata con la construcción de casos sólidos, con apego a la ley, que no puedan ser tumbados por violaciones al proceso, las garantías individuales o por corrupción de los jueces, (en caso de necesitar asesoría que le pregunten a Miranda Wallace, Eduardo Gallo o Alejandro Martí), no con desfiles de detenidos que al final son liberados por falta de pruebas.
Y si el Presidente considera que las garantías en este momento constituyen un obstáculo para luchar contra el crimen, pues también, sometiéndose a la ley y con apego a la misma, podría proponer que se suspendan las mismas.
Pero primero llueve sangre antes que eso suceda.
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