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Categoría: Sergio Fonseca
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A nivel nacional se ha generado una gran reacción condenando el homicidio de Marisela Escobedo Ortiz quien fuera asesinada el pasado jueves, mientras se manifestaba frente al  palacio de Gobierno de Chihuahua exigiendo justicia para su hija de 16 años Rubí Marisol Frayre, cuyo homicida, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, se encuentra prófugo de la justicia.

 

Las protestas de la Sra. Escobedo iniciaron en julio de 2009 cuando empezó el juicio en contra de Sergio Barraza. Exigía que se le condenara a la pena máxima por el homicidio de su hija.

 

Claro, antes tuvo que mover cielo, mar y tierra para buscar a Barraza y que las autoridades lo detuvieran, en Fresnillo, Zacatecas.

 

Pero todos sabían que el caso contra Barraza era débil, ya que aunque él supuestamente había comentado a dos agentes de la Policía Municipal, a un agente de la Policía Ministerial Investigadora y a su padrastro  que había dado muerte a Rubí Marisol al encontrarla con otro hombre, no existían pruebas contundentes en su contra.

 

La defensa de Barraza ofreció a la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres un acuerdo para que éste fuera sentenciado a través de un procedimiento abreviado, a una pena de 20 años de cárcel. Pero el Ministerio Público no aceptó y se la jugó en el juicio oral, a pesar de que era difícil probar la comisión de un delito y aún más la responsabilidad jurídica de Barraza Bocanegra

 

Cuando el Tribunal de Juicio Oral absolvió a Bocanegra, todo mundo brincó y se dijo sorprendido. El gobernador de ese entonces se desgarró las vestiduras y dijo que convocaría a expertos para que se revisaran las actuaciones.

 

La Comisión,  formada por 16 colegios de abogados del estado de Chihuahua, revisó el expediente de Rubí Marisol Frayre Escobedo, y concluyó que los jueces de Tribunal de Juicio Oral que absolvieron a Sergio Barraza resolvieron conforme a Derecho y con base en las pocas pruebas presentadas por el ministerio público.

 

Las razones legales son claras.

 

La única prueba sustancial presentada por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial fueron las declaraciones obtenidas en forma ilegal.

 

Asimismo, las pruebas periciales de antropología forense, arqueología forense y medicina legista no eran concluyentes, puesto que los peritos admitieron que no quedaba plenamente demostrado la existencia de golpes en el cuerpo de Rubí, la causa de la muerte o vínculos de Barraza con el homicidio.

 

La sentencia absolutoria se sostuvo en los artículos 133 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua que señala que la declaración del acusado “sólo tendrá validez si es prestada voluntariamente ante el Ministerio Público o un Juez y asistido por su defensor”, mientras que el 137 establece que “… la policía no podrá recibirle declaración al imputado cuando se encuentre detenido…”

 

Además durante el Juicio Oral, Sergio Barraza se reservó su derecho a declarar, conforme al artículo 124 fracción II, y por tanto jurídicamente no era válido introducir testimonios anteriores, aunque sean autoincriminatorios.

 

Estas disposiciones se encuentran apegadas a la  fracción II, del apartado B, del artículo 20 constitucional que señala que “la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio”.

 

Así que la decisión fue injusta pero legal.

 

Entonces, ¿quién es responsable? El ministerio público del estado fue el responsable de la exoneración de Sergio Rafael Becerra Bocanegra, que desde que empezó con el caso no supo actuar a la altura de su responsabilidad y las circunstancias.

 

Lo que vino después de la absolución de Barraza fue político, y una violación a la independencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que socava el estado de derecho.

 

Ahora que ha sido asesinada la Sra. Marisela Escobedo, quemada la fábrica de su pareja sentimental José Monje Amparán y asesinado el hermano de éste, Manuel Monje, el asunto revive y el gobierno del Estado y sociedad en general acusan a los jueces de irresponsables, ineptos, corruptos, de generar impunidad y se pone en el banquillo de los acusados al Poder Judicial, al nuevo sistema penal, a los juicios orales. A los jueces ya los suspendieron y piden su desafuero, corriendo el riesgo de que el asunto se revierta en contra del gobierno del Estado, o al menos del gobernador saliente.

 

Dejémonos de juicios ligeros y cuentos, la realidad es distinta.: El verdadero nudo gordiano está en los ministerios públicos tanto estatales como federales, que, contadas excepciones, no son capaces de presentar casos sólidos ante el poder judicial.

 

Ejemplos existen muchos, especialmente en Juárez en donde presentan a delincuentes como sicarios, culpables de innumerables muertes y los consignan por potación de arma prohibida o posesión de narcóticos o el famoso caso de los alcaldes de Michoacán.

 

Existe un claro principio de derecho: quien acusa debe de probar y mientras las procuradurías no lo apliquen, empatando su actuación con el nuevo sistema, seguiremos atrapados en los años 70 incapaces de dar el salto al siglo XXI. Una especie de “Life on Mars”, pero a la inversa.

 

Por cierto, resulta que el responsable del área que defendió a Barraza, es quien ahora lo esta persiguiendo. ¿Y la ética? ¿Y la ley de responsabilidades de los servidores públicos?

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