Este es el título de una película protagonizada por Samuel L. Jackson, en la que interpreta al Coronel Terry Childers, a quien acusan de desobedecer las “rules of engagement” o reglas para el combate o la acción, al disparar contra una muchedumbre en Yemen, matando a 83 civiles, para descubrir después, en una corte marcial, que dentro de la muchedumbre se encontraban personas con armas automáticas disparando, por lo que se consideró que el uso de la fuerza estaba justificado.

 

Estas reglas especifican a los militares cuando pueden hacer uso de la fuerza y cuando y a que le pueden disparar.

 

 

Ejemplos existen muchos. Las tiene el ejército norteamericano para sus incursiones actuales en Irak y Afganistán. Las tuvieron cuando estuvieron en Somalia. Las tienen el ejército británico, la NATO y los cascos azules.

 

Esto viene a colación porque en los últimos días los reflectores en los medios regresaron al Ejército Mexicano, no por la labor que realizan o por las bajas que se presentan, sino por un lamentable incidente en el que murieron dos personas, padre e hijo, en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

 

Según las declaraciones, un convoy de soldados le marcó el alto al conductor de un automóvil Malibu gris y como el conductor ignoró las señales, se produjo una persecución que, más adelante y dado que el vehículo no se detenía, llevó a los militares a disparar contra éste.

 

Una de los sobrevivientes señala que el convoy viajaba en la misma dirección que ellos, y que instantes después de que rebasaron dicho convoy por la derecha, fueron agredidos, afirmando que los militares jamás les indicaron, ni les hicieron señales para detenerse.

 

Estos son los hechos, frente a los cuales los llamados para cambiar de estrategia y regresar a los militares a los cuarteles no se han hecho esperar. Pero deberíamos ir más allá  de la superficie del tema.

 

Tal vez para la “Campaña Permanente Contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos” o la guerra contra el narco, la Secretaria  de la Defensa Nacional debería establecer sus “Rules of Engagement”.

 

Quien ya lo hizo, y las hizo públicas, fue la Armada de México, la Marina, quienes publicaron el 15 de octubre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación la “DIRECTIVA 003/09 del 30 de septiembre de 2009, mediante la cual se regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal naval, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho”. Es de destacar que reglas para el uso legítimo de la fuerza es el nombre que dan los civiles a las reglas de combate o acción.

 

En los considerandos que exponen las razones de la directiva se declara que “ante la ausencia de un ordenamiento federal que regule el uso legítimo de la fuerza por parte del personal de la Armada de México, resulta necesario contar con un instrumento que norme su conducta, les dé certidumbre en su actuar, les permita cumplir con su deber y al mismo tiempo no se violenten los Derechos Humanos de la ciudadanía”

 

Esta directiva define el uso legítimo de la fuerza como la aplicación de técnicas y tácticas con base a distintos niveles de fuerza, en apoyo al mantenimiento del Estado de Derecho.

 

El documento desarrolla conceptos como acto hostil, amenaza, disuasión, disparo de advertencia o incapacitante, fuerza letal, entre otros. En el artículo Sexto establece cinco niveles para el uso legítimo de la fuerza: presencia disuasiva, persuasión verbal, reducción física de movimientos, utilización de fuerza no letal y utilización de fuerza letal.

 

También incluye otros conceptos interesantes como limitar el uso de armas letales para aplicarlas sólo en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar un delito que implique una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia violenta armada, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.

 

Inclusive, establece que en el uso armas letales se deberá velar, en la medida de lo posible, por la vida e integridad física de la persona infractora de la ley, y evitar el daño colateral salvaguardando la integridad de personas inocentes.

 

Lo destacable es que esta directiva incluye dos disposiciones que perfectamente aplicarían al reciente caso de Nuevo León. En el artículo Décimo Tercero prohíbe el uso de armas letales en contra de vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección, obligándoles a realizar la persecución física.

 

En el artículo Décimo Cuarto señala que “En situaciones en que el conductor de un vehículo haga caso omiso a las indicaciones para detener su marcha en un puesto de control, solamente se podrá emplear armas letales en respuesta a una agresión armada que represente peligro inminente de lesiones graves o muerte, o cuando el presunto infractor intente colisionar con su vehículo al personal naval. En cualquier otra circunstancia, se intentará detener la marcha del vehículo empleando armamento incapacitante no letal, como las trampas poncha-llantas, procediendo a realizar la persecución física si la situación así lo permite.”

 

Insisto, desconozco si el Ejército tiene disposiciones semejantes, pero si éstas no existen, el General Galván Galván debería dejar de preocuparse por lo que no tiene – un marco legal más claro sobre la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado - y aplicarse a regular el uso de la fuerza por parte de sus tropas. Se ahorraría muchos dolores de cabeza y evitarían incidentes como el de Nuevo León. 

 

Pero si existen, menudo problema.