Imprimir
Categoría: Sergio Fonseca
Visto: 2829
powered by social2s

Desde que se iniciaron los trabajos del segundo periodo de sesiones del Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación el pasado 2 de agosto, se ha estado estudiando la constitucionalidad de la reforma al artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, al definir al mismo como “…la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”.

 

La discusión se centró en tres temas: la constitucionalidad de la reforma, los alcances que la misma tienen a la luz del artículo 121 constitucional y el tema de la adopción por parejas del mismo sexo.

 

En cuanto a la constitucionalidad de la disposición, la mayoría del Pleno de la Corte, como ya se esperaba, decidió que la reforma no contraviene el orden constitucional. El tercer tema, interesante y controvertido es la adopción, que está pendiente de discutirse.

 

La discusión más interesante hasta el momento ha versado sobre los alcances que esta nueva definición de matrimonio tendrá en el orden jurídico del país.

 

El artículo 121 constitucional señala que “…En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros”, y establece cinco bases para este reconocimiento, destacando para este tema dos: las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él; y, “los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.”

 

Durante casi tres horas se escucharon los argumentos de cada uno  de los once ministros, y aunque hubo quien expuso que el Distrito Federal con esta reforma iba en contra de los “estándares constitucionales”, o la  “armonía del sistema federal”, la mayoría coincidió en que la disposición se apega al artículo 121 de la Constitución Política, por lo que los matrimonios de personas del mismo sexo tendrán validez en el resto del país.

 

Pero a lo que no le quisieron entrar, con el argumento de que no era materia de una acción de inconstitucionalidad, sino de amparo, fue a los efectos que se debe dar a esos matrimonios en el resto del país, que no es un asunto menor.

 

Y en realidad este era el punto importante de la demanda presentada por el Procurador General de la República: la posibilidad de conflictos con lo dispuesto en las legislaciones de otras entidades federativas. Y es que en general, los Códigos Civiles locales señalan que los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar donde deban ejecutarse, es decir, por la legislación de cada entidad federativa.

 

En términos lisos y llanos, los actos del estado civil son aquellos que ameritan ser registrados para dar validez jurídica a un evento en la personalidad de un ciudadano. Estos actos del estado civil son el nacimiento, el reconocimiento de hijos, la adopción, el matrimonio, el divorcio y  la defunción.

 

Así, si te casas, divorcias o adoptas en una entidad federativa, ese acto debe ser reconocido en todo el país.

 

Ahora, en cuanto  a los “efectos” del matrimonio, estos se presentan en relación a la persona de los cónyuges: cohabitación, débito conyugal, fidelidad, ayuda mutua y asistencia, que abarca la obligación de dar alimentos; en relación a los hijos: filiación, patria potestad, tutela, emancipación y en relación a los bienes: donaciones antenupciales, donaciones entre consortes y capitulaciones matrimoniales

 

Pero también tienen efectos en las sucesiones, en el parentesco, la nacionalidad, la seguridad social, entre otros.

 

En el caso de la seguridad social ya se han presentado problemas. Cinco parejas del Estado de Nuevo León se casaron en una boda colectiva celebrada el 21 de marzo de este año en la Ciudad de México, de estas, dos parejas de lesbianas solicitaron en registro de su pareja como beneficiarios en el IMSS, pero el mismo les fue negado

 

El argumento: la Ley del Seguro Social establece como beneficiario del asegurado a “la esposa del asegurado o concubina” o en su caso “el esposo de la asegurada o el concubinario”.

 

Si estas parejas intentaran que se les reconociera como cónyuges, tampoco podrán ser sujetos  de la seguridad social porque, aplicando supletoriamente el Código Civil Federal, el ordenamiento no define el matrimonio, pero de su contenido e interpretación se desprende que se refiere al matrimonio entre personas de distinto sexo.

 

Y como estos casos se presentarán otros. Claro que la situación será mas grave en estados como Morelos y Yucatán en donde por definición constitucional, el matrimonio se celebra entre hombre y mujer

 

Es por esto que no considero que podemos calificar como un triunfo el que los matrimonios homosexuales sean constitucionales, cuando los efectos de los mismos aun están en duda.

 

Capaz que llegamos al extremo de considerarlos matrimonios de hecho pero no de derecho.

powered by social2s