Con la tesis de jurisprudencia por contradicción de teis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre el límite de las pensiones, mucho se ha escrito en contra del Poder Judicial.

 

Que la Corte redujo o disminuyó las pensiones, que modificó o reformó la ley. Estas afirmaciones son falsas, y también encubren a otros responsables relacionados con esta decisión.

 

El artículo 49 de la Constitución Política, señala que el Supremo Poder la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En una definición simple tenemos que al poder legislativo le corresponde crear las leyes, al poder ejecutivo le corresponde aplicarlas o ejecutarlas y al poder judicial dirimir las controversias que se le planteen en relación las leyes.

 

 

Partiendo de la división de poderes, podemos ver que para que este asunto de las pensiones haya llegado hasta la Segunda Sala tuvo que existir una ley, la aplicación de la misma y un conflicto por esa aplicación.

 

La Ley relativa a este caso es la Ley del Seguro Social y sus reformas, misma que fue discutida y aprobada por el Poder Legislativo en 1973. Esta ley incluye el artículo 33, que fue modificado tres veces antes de que la Ley fuera sustituida.

 

La primera vez, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de diciembre de 1984, se instituyó que los asegurados quedarán inscritos con el salario base de cotización que percibieran al momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior de cotización el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (VSMDF)

 

En la segunda, publicada el 24 de febrero de 1992 en el DOF, se estableció el Sistema de Ahorro para el Retiro, y el artículo 33 quedó como sigue:

 

"Artículo 33. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a diez veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, excepto para el ramo de retiro, y como límite inferior el salario mínimo regional respectivo, salvo lo dispuesto en la fracción III del artículo 35.

 

Tratándose del seguro de retiro, el límite superior será el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal."

 

Finalmente vendría una tercera reforma, publicada en el DOF el 20 de julio de 1993. El artículo quedaría redactado de la siguiente manera:

 

"Artículo 33. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del artículo 35.

 

Tratándose del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal."

 

Es de destacar que en cuanto al límite establecido en el párrafo segundo, el Ejecutivo señaló que “se están realizando estudios actuariales y financieros para generar en un futuro próximo, las propuestas que permitan el fortalecimiento de las reservas actuariales de este seguro”, propuestas que nunca llegaron.

 

Luego vendría la nueva Ley del Seguro Social que creó el régimen de fondos para el retiro, publicada el 21 de diciembre de 1995, y que entró en vigor el 1 de julio de 1997.

 

La participación del Poder Judicial se presentó por las diferencias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual forma parte del Poder Ejecutivo, y dos particulares, que requerían al Instituto el pago de sus pensiones.

 

La Corte confirmó que en ambos casos el IMSS, como representante del poder Ejecutivo, se negó a pagarle a dos trabajadores pensiones superiores a 10 VSMDF conforme al artículo 33 de la antigua Ley, y porque los afectados impugnaron y llevaron a juicio esta decisión.

 

Como en los juicios de amparo los Tribunales Colegiados emitieron decisiones contradictorias, la Segunda Sala, a iniciativa de uno de ellos, estableció que criterio debía prevalecer, decidiendo que “…el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, tiene como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde con el segundo párrafo del artículo 33 de la ley relativa, vigente hasta el 30 de junio de 1997.”

 

Como podemos apreciar los tres poderes son responsables de este embrollo: el Legislativo, al aprobar las reformas al  artículo 33 y la nueva ley, sin analizar y prevenir adecuadamente los conflictos que se podían presentar; el Ejecutivo al promover las iniciativas de ley sin el suficiente análisis sobre este tema y aplicar, a través del IMSS, el segundo párrafo del 33, otorgando pensiones con un límite máximo de 10 VSMDF en beneficio del propio Instituto, aunque ahora se hagan los sorprendidos; y el Judicial que al interpretar la Ley, señaló que debía prevalecer ese criterio, tal vez, sin tomar en cuenta el artículo vigésimo quinto transitorio de la ley vigente que señala que a partir de la entrada en vigor de la Ley, el límite del salario base de cotización para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, sería de quince VSMDF, mismo que se aumentaría un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007.

 

La tesis de jurisprudencia sólo es obligatoria para los tribunales cuando tengan que resolver un caso concreto, y quién puede en un momento dado citar esta jurisprudencia para que la decisión del juez le favorezca, es el directamente beneficiado por la misma, es decir el IMSS, nadie más.

 

Por eso, la declaración de Daniel Karam Toumeh, director general del IMSS, al señalar que “…el monto para calcular las pensiones seguirá aplicándose, como hasta ahora, con base en el límite general de los 25 salarios mínimos”, es una falacia, porque al no respetar el IMSS ese límite general, es que se presentaron los juicios que dieron origen a la tesis de jurisprudencia.

 

Y no existe ninguna garantía de que el IMSS no siga optando por el límite de 10 VSMDF por sobre el de 25.

 

Buscar que la Corte se aparte de este criterio es una vía muy larga, ya que para que vuelvan a discutir el tema se requieren nuevos asuntos, así que en lugar de estar buscando culpables, que mejor el Ejecutivo y el Legislativo hagan su chamba y se legisle sobre este asunto, y problema resuelto.