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Categoría: Sergio Fonseca
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A muchos desagradó el dictamen final que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de la guardería ABC.

 

El fallo no tiene los alcances que se hubieran deseado, y mientras no exista una ley reglamentaria sobre el ejercicio de las facultades de investigación que el artículo 97 de la Carta Magna confiere a la Corte, seguiremos teniendo un mal sabor de boca cada vez que se ejerza esta facultad. "El fallo tiene los límites estructurales que la Constitución establece", así lo dijo el ministro Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Corte.

 

La Suprema Corte es un mosaico de inteligencias, de opiniones, de posturas, de conocimientos, pero también es un órgano del Estado que está obligado a actuar en los términos que la Constitución le permite, ya que sólo puede realizar aquello que le está expresamente autorizado.

 

La facultad de investigación está muy limitada, ya que señala que “La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros …únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.”

 

Averiguar significa indagar, inquirir o examinar cuidadosamente la verdad hasta descubrirla. En este caso, es examinar los hechos para dictaminar si existió una grave violación a alguna garantía individual.  Nada menos, pero nada más.

 

Pero ello la mayoría no coincidió con adjudicar responsabilidades éticas y políticas o utilizar el término responsabilidades.

 

Así que aquellos legisladores que se quejan por la decisión en la Corte, tienen en la mesa la oportunidad de regular la facultad de investigación o de transferirla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como propuso la Cámara de Senadores, y darle el matiz que desean o deseamos como sociedad, permitiendo señalar responsables.

 

En esa parte coincido plenamente con la Corte.

 

En lo que no coincido, es en la decisión de “vincular” a las graves violaciones de garantías individuales en el caso de la Guardería ABC sólo a mandos inferiores, y en esta parte comulgo con la posición del ministro Arturo Saldivar.

 

En toda entidad o dependencia existe una cadena de mando. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, las Delegaciones cuentan con autonomía de gestión, siendo además directamente responsables de los servicios institucionales, pero son auxiliares del Director General y dependen jerárquicamente de él, así lo establece la Ley, por lo que existe una relación de obediencia y mando entre uno y otro.

 

Además, a través de los Directores de área, el Director General propone las políticas generales para el funcionamiento del Instituto. Y los delegados las ejecutan, no crean esas políticas.

 

La Dirección implica la coordinación y supervisión de las áreas subordinadas, verlo de otra forma, convierte al titular del organismo en una figura decorativa.

 

La Corte tácitamente reconoce la responsabilidad del Director General, al señalar en el dictamen que existen deficiencias en la normatividad interna del Instituto en materia de guarderías, porque la responsabilidad de crear esa normatividad interna es del Director General auxiliado por el Director de Prestaciones y Servicios, así que resulta una sinrazón eximir a esos niveles de mando el haber participado en la violación de garantías individuales.

 

Y es una cobardía de parte de Molinar Horcasitas y Daniel Karam, esconderse detrás de los funcionarios de menor nivel sobre actos que no revisaron ni supervisaron.

 

Pero la decisión está tomada. Es legal, pero no es justa, e históricamente Molinar Horcasitas y Daniel Karam quedarán marcados con este hecho, y si no, nos encargaremos de recordárselos.

 

 

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