Víctimas del viejo sistema penal continúan presos en los penales del país, presuntos culpables que a pesar de ser inocentes continúan en prisión
En marzo de 2021 se cumplen 10 años del estreno efímero en los cines de México del documental “Presunto culpable” que con el caso de José Antonio (Toño) Zúñiga, un joven tianguista de Iztapalapa que purgaba una condena de 20 años por homicidio y el proceso para liberarlo, Layda Esther Negrete Sansores, Roberto Hernández y Rafael Heredia Rubio desnudan la violación sistemática de derechos en el sistema penal mexicano, y alertan a la sociedad de la urgente necesidad de transformar la justicia penal por una más transparente, humana y con presencia de los juzgadores.
Para cuando se estrenó la película, ya estaba en vigor la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de junio de 2008, que con profundas modificaciones a diez artículos de la Constitución federal, siete de ellos en materia penal, los artículo 16 al 22, transitamos de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio con estándares de derechos humanos constitucionalmente reconocidos.
El Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las instituciones relacionadas con el sistema, por lo que el 18 de junio de 2016, se estableció en toda la República Mexicana, la aplicación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio.
El mayor beneficio de la reforma fue la inclusión en el artículo 20 del principio de presunción de inocencia “De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”, se lee en el texto constitucional.
En el sistema inquisitivo se privilegiaba el castigo de los culpables, mientras que en el sistema acusatorio se pone el acento en la tutela de los inocentes.
Pero la fabricación de culpables, mientras se implementaba el nuevo sistema penal, no pudo ser evitada, y tampoco ha podido evitarse en el nuevo sistema penal acusatorio, especialmente por los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aunque parece que el fenómeno ha disminuido.
Desgraciadamente uno continúa leyendo en la prensa la existencia de este tipo de casos, como el presentado por la revista digital EMEEQUIS la semana pasada.
La revista expone el caso de Héctor Lemus González, que lleva seis años preso y que está cumpliendo una sentencia de 35 años por secuestro y homicidio.
El joven fue detenido en septiembre de 2014 por agentes ministeriales que lo abordaron a la entrada de un Oxxo, lo inmovilizaron y lo golpearon con un arma de fuego para después subirlo a una camioneta, mientras él gritaba que lo estaban secuestrando. En la camioneta los golpes, los gritos y las amenazas continuaron.
Después lo llevaron a un lugar desconocido en donde lo torturaron, para hacerlo firmar una confesión bajo la amenaza de violar y matar frente a él a su madre y a su novia.
Lo trasladaron a Tepic, Nayarit, en donde se enteró que era acusado de homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud, extorsión y secuestro.
La versión de los ministeriales, que yace en la carpeta de investigación, es que él estaba parado con una mochila que entregó a dos personas que ellos seguían por secuestro. Dicen que lo detuvieron por eso, que traía droga en la mochila, aunque la mochila nunca apareció.
En 2015, los delitos de fuero federal fueron desechados pero fue trasladado al penal estatal de Texcoco, Molino de las Rosas, donde le giraron una orden de aprehensión por secuestro y homicidio.
En teoría, Lemus González había colaborado en el secuestro de una persona a la que habían asesinado; sin embargo, no había víctima –ni cuerpo ni nombre– y fue exonerado del delito de homicidio, pero se mantuvo el delito de secuestro, por el que recibió la condena.
“Yo no me explico por qué sigo preso si todos los delitos estaban asociados a un mismo caso que el juez federal ya había determinado que era insostenible” explica Lemus González, “no había ninguna prueba en mi contra, ni siquiera una averiguación previa. En lugar de liberarme, el fuero federal me envió a una prisión local, con calidad de detenido”.
En febrero de 2015 su mamá presentó una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no fue sino hasta enero de 2019 que acudieron a realizarle el Protocolo de Estambul para acreditar tratos degradantes, crueles e inhumanos.
La promesa era que el caso procedía y que la recomendación saldría en breve. Pero a la fecha esa recomendación, que es su última esperanza para obtener su libertad no ha salido, mientras Héctor cumple su sexto año en prisión sin que existiera la evidencia para condenarlo.
“Pido una oportunidad, aunque no debería pedirla porque soy inocente. Pero le pido a la CNDH y a la Fiscalía del Estado de México y a la Fiscalía General de la República que revisen mi caso, que vean que después de ser torturado, después de que se me negaron mis derechos, una jueza sin respetar la ley me sentenció sin pruebas. Quiero vivir. Quiero abrazar a mi familia”, dijo el joven en entrevista para EMEEQUIS.
¿Cuántos casos más existen así en el país?
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