Ayer, los gobiernos de 10 estados, acompañados por distintos sectores locales, amenazaron con separarse de la Federación
Estos gobiernos exigen a la Federación mayor presupuesto y que no sólo prevalezcan los intereses de la Federación y amagaron con romper el Pacto Federal si no son atendidas sus demandas de presupuesto para 2021 y la garantía de fondos tras la extinción de los fideicomisos.
“No vamos a permitir ni el abuso ni el atropello. Si la respuesta sigue siendo la indiferencia y los oídos sordos, estamos listos para dar la batalla política y legal. De no escuchar a nuestros estados, puede ser el inicio del rompimiento del pacto federal”, dijo Javier Corral, gobernador de Chihuahua.
El mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, se manifestó en el mismo sentido: “ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una Federación cuando el Gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece”.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, independiente, señaló que de continuar la falta de atención del gobierno de López Obrador, los estados no tendrán capacidad para invertir en transporte, mantenimiento de escuelas y carreteras, como tampoco para construir centros de salud.
Como declaración política es muy llamativa, pero jurídicamente ¿es posible? Hagamos un poco de historia para responder a esta pregunta.
Después de la Independencia, con la abdicación de Iturbide el 19 de marzo de 1893, había mucha inestabilidad, los jefes políticos de las diferentes provincias que integraban en ese entonces el Primer Imperio Mexicano habían decidido declararse repúblicas independientes, libres y soberanas.
Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca y Puebla desconocieron al Congreso Constituyente. Chiapas y el reino de Guatemala, conocido como Capitanía General de Guatemala, se separaban a pesar de las negociaciones llevadas en la Ciudad de México a efecto de evitar la ruptura.
La única manera de evitar en ese momento la desintegración del país fue adoptar el sistema federal que Yucatán, una de las provincias que promovía la separación, impulsó como condición para mantenerse unida a México.
Al término de los debates en el Congreso Constituyente, entre federalistas, liderados por Miguel Ramos Arizpe quienes lograron imponerse a los diputados centralistas encabezados por fray Servando Teresa de Mier, el 31 de enero de 1824 fue aprobada y firmada el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana.
En el artículo quinto establecía que adoptaba la forma de República, representativa, popular y federal un sistema copiado principalmente del modelo de los Estados Unidos de América, y en el sexto que las partes integrantes de la República serían “estados independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior”.
Estás disposiciones llegaron finalmente a ser incorporadas en el artículo 40 de la Constitución de 1917 que sólo ha sido reformado en dos ocasiones en este siglo, para agregar la palabra laica y a la Ciudad de México. Su texto vigente dice: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Así, salvo el periodo centralista y los dos imperios, México ha sido durante toda su vida independiente un estado federal.
Al artículo 40 a veces se le da unos alcances que no tiene. Cuando los estados entran en conflicto con la Federación, suelen utilizar el argumento de que son “soberanos”, pero la doctrina ha interpretado que la soberanía no acepta ningún poder sobre ella, pero la Constitución fija a los estados ciertas bases para que se organicen internamente, por lo que se interpreta que las entidades federativas no son soberanas, sino autónomas, dentro de los límites que la Constitución les fija, es decir, no pueden ir en contra de los principios de la Constitución general.
Como mencionamos, los estados amenazan romper el pacto federal. Esto ha sucedido en el país en otras ocasiones pero no ha existido una discusión jurídica, como sí la ha habido en Estados Unidos. Como ese fue el modelo de nuestra federación, veamos qué concluyeron.
El caso se conoce como Texas vs White, en el que se revisó la venta de unos bonos estadounidenses en propiedad del estado de Texas desde 1850 que fueron vendidos por el gobierno confederado durante la guerra civil en EE.UU.
En ese caso la Suprema Corte de los Estados Unidos estableció que la unión de los estados americanos es perpetua, perfeccionada e indisoluble. Asimismo que Texas había seguido siendo un estado de la Unión ininterrumpidamente desde su adhesión, aunque formó parte de la secesionista Confederación de Estados del sur del país. Finalmente estableció que la Constitución no permitía a un estado de la Unión separarse unilateralmente de los Estados Unidos, que no existía el derecho de secesión.
La secesión es el acto de retirarse de una organización, unión o entidad política, pero como sucede en Estados Unidos, nuestra Constitución no lo contempla y, si llevamos esta interpretación de derecho comparado al extremo, la Federación es indisoluble.
Sólo hay dos formas en que una entidad federativa puede dejar de ser parte de la Federación. Una es reformando el artículo 43 de la Constitución mexicana, que establece cuáles son las partes integrantes de la Federación, citando a todas las entidades federativas, para retirar aquellos estados que ya no quieren formar parte de la Federación, reforma que tendría que ser aprobada además del Congreso Federal, por el Congreso de al menos 17 estados, lo que se ve muy difícil. La otra es mediante una guerra de secesión, como la que intentaron los estados del sur de Estados Unidos.
Sería mejor para los estados dar la batalla política dentro de sus entidades y la batalla jurídica en contra de la Federación en los tribunales federales, en lugar de plantear lo irrealizable.
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