Billetes mexicanos

 

Como parte de las medidas que el titular del ejecutivo federal ha anunciado para hacer frente a la crisis económica y de salud, están reducir aun más los salarios de los altos funcionarios y que no se les pagará aguinaldo.

En sus discursos el presidente ha dejado claro que en esta administración la definición aplicable a altos funcionarios es desde subdirectores hasta el titular del ejecutivo, y que esta decisión generará ahorros de casi 3 mil millones de pesos.

Sin embargo, en nuestra opinión, como hemos sostenido en otras ocasiones, esta decisión tiene un problema de constitucionalidad. Para entrar en el tema, debemos primero determinar en dónde se establecen los sueldos y salarios del gobierno.

Esto se hace en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda (PEF), en donde se establecen los límites mínimos y máximos de percepciones de los servidores públicos, atendiendo a lo previsto en el artículo 127 constitucional.

El citado artículo establece que la remuneración de los servidores públicos en general “será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos”, esto aplica para el personal del gobierno federal en particular, además de los gobiernos estatales municipales, etcétera.

Así, el PEF que aprueba la cámara de diputados cada año, incluye los límites de las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, En el caso del PEF 202 se señalan en el Anexo 23, que en varias tablas establece los límites mínimos y máximos de las percepciones ordinarias por tipo de personal y en el Tomo IX del PEF “Analítico de Plazas y Remuneraciones”, en el que se incluye el monto de los sueldos y salarios, y prestaciones ordinarias que corresponde a cada puesto de la administración pública federal, del poder judicial, del poder legislativo, el INE y otros organismos. Las prestaciones incluyen seguridad social, medidas de protección al salario, seguros a las personas, fondos y seguros de ahorro para el retiro, entre otras remuneraciones.

En este tomo aparece desde las remuneraciones del presidente hasta del que saca las copias, literalmente.

Ahora bien, como medidas de protección a esa remuneración, además de que señala que se determina de forma anual, el propio artículo 127 establece que la “…. remuneración (de los servidores públicos será) adecuada e irrenunciable”, aunado a que el artículo 123, apartado B, fracción IV señala que “Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley”.

En resumen, conforme a los artículos 123 y 127 de la Constitución, las remuneraciones de los servidores públicos se fijan anualmente en el PEF y no pueden ser reducidas durante la vigencia del mismo, por ello, una reducción en este momento de las remuneraciones sería inconstitucional.

Por otra parte, en cuanto a que no se pagará el aguinaldo a los servidores públicos, esto también tiene sus bemoles. Las relaciones del trabajo entre los servidores públicos y la Federación se rigen por el apartado A y el apartado B del artículo 123 de la Constitución, y sus leyes reglamentarias.

Los organismos descentralizados como Correos de México, rigen sus relaciones por el apartado A y la Ley Federal del Trabajo(LFT), mientras que si se trabaja en una dependencia, como la Secretaría de Hacienda, se rigen por el apartado B y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE).

Respecto al aguinaldo, el artículo 87 de la LFT establece que “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos”. Así, tenemos que se trata de una remuneración obligatoria y un derecho irrenunciable y que corresponde recibirlo a todos los trabajadores sean empleados de base, confianza, planta, sindicalizados y los contratados por obra, tiempo determinado o eventuales, así como los comisionistas, agentes de comercio, vendedores y otros semejantes que se rijan por la LFT.

Entonces, en el caso de que la relación de un servidor público se rija por el apartado A del artículo 123 constitucional y la LFT, es ilegal el no pagar el aguinaldo.

En cuanto a los trabajadores cuyas relaciones se rigen por el apartado B y la LFTSE, ahí el tema es más desventajoso para los llamados “altos funcionarios”. El artículo 42 Bis de la LFTSE señala que “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna”.

Sin embargo, el artículo 8 expresamente excluye de sus disposiciones a los “altos funcionarios”. Dice el artículo “Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5o…”, por lo que no tienen derecho a aguinaldo.

Es por ello que anualmente el presidente de la República en turno emite un decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, mediante el cual autoriza la gratificación de fin de año incluye al personal civil de confianza, al personal del Servicio Exterior Mexicano y al asimilado a este, al personal militar en activo, al personal por honorarios, a los que reciben haberes de retiro, pensión militar, pensión civil, pensión de gracia, y los deudos de esos pensionado que reciban una pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o con cargo al erario federal, sustentando el otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año en los principios de justicia y de equidad.

Pero con la propuesta del titular del ejecutivo no queda claro quiénes de los que aquí se citan no recibirán aguinaldo. Pero independientemente de lo anterior, hay que tener en consideración nuevamente el artículo 127 de la Constitución.

En teoría, el PEF establece todos los gastos que va realizar la Federación en un año determinado, incluyendo las remuneraciones de los servidores públicos, y el artículo 127 señala en su segundo párrafo que la “remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones,…” lo que lleva a suponer que la gratificación a la que nos referimos en párrafos anteriores forma parte del presupuesto, y de las remuneraciones aprobadas en el mismo, por lo que no puede ser reducida”. Así que en teoría, tampoco podría reducirse.

Como vemos la propuesta plantea temas de inconstitucionalidad y será interesante ver cómo salvan los mismos.

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net