Persona encarcelada

 

El pasado domingo llamó la atención un tuit del gobernador de Yucatán en el que señala que para evitar el contagio “…No permitiremos que la salud de la población yucateca se ponga en riesgo… a la persona que presente los síntomas o haya sido diagnosticada con el Coronavirus y no acate las medidas de aislamiento para evitar el contagio, se le podrá imponer un castigo de hasta 3 años de cárcel y además podrá ser acreedora a una multa de hasta $86,800”.

Este delito se conoce como “Peligro de Contagio” y no es una situación exclusiva del estado de Yucatán, sino que aparece en la gran mayoría de los Códigos Penales del país, incluido el Código Penal Federal. A grandes rasgos estos ordenamientos establecen una pena de prisión, multa y/o trabajo comunitario a aquel que a sabiendas de estar enfermo de una enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro.

Para poder acusar a alguien de este delito, es necesario probar que la persona sabía que estaba enferma (a sabiendas), por lo que sólo podría aplicarse a aquellos que efectivamente se les haya diagnosticado que padecen COVID-19, además sería necesario probar que estaba en periodo infectante, tercero que efectivamente tenía la intención de contagiar a una o más personas.

Por último, se tendría que probar a qué personas contagió el presunto responsable, es decir, que efectivamente él fue la fuente de contagio intencional y no otros.

Así, procesar a alguien por este tipo penal en la emergencia sería muy complicado, pero sí podría intentarse detenerles e inclusive, solicitar la prisión preventiva oficiosa, y mientras se resuelve la situación jurídica la persona podría estar privada de su libertad.

Al parecer se trata de un elemento más de disuasión para que las personas atiendan la invitación del gobierno de no salir de casa.

Y ya entrados en el tema, también se ha publicado en los medios la implementación de toques de queda o cierre de algunos poblados como medidas de combate al COVID-19, esto implica una restricción o suspensión temporal de la libertad de tránsito. Sin embargo, esta no es facultad ni de los municipios, ni de los estados.

Este derecho sólo puede restringirse por la Secretaría de Salud al dictar las medidas preventivas indispensables en caso de epidemias de carácter grave, para lo cual puede, conforme el artículo 184 de la Ley General de Salud, limitar las reuniones de personas o entrada y salida de ellas en las poblaciones, así como regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo. Pero hasta el momento sólo ha limitado la reunión de personas, no más.

Además, el presidente, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente también podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado los derechos y las garantías. Esto tampoco ha sucedido.

En este orden de ideas, los estados y municipios pueden limitar el funcionamiento de los establecimientos comerciales porque está dentro de sus facultades constitucionales, pero no así el limitar el tránsito de personas con toques de queda o controlando la entrada y salida a los municipios.

Esas medidas son inconstitucionales. Pero el miedo ha llevado a algunas autoridades a imponer estas medidas que son aceptadas por la ciudadanía, renunciando a sus derechos, para supuestamente protegerse.

Las medidas preventivas establecidas por el gobierno federal no son para evitar el contagio o los fallecimientos, sino para evitar que el sistema de salud colapse, como ha sucedido en otros países.

Pero al parecer, un sector de la sociedad no ha entendido la importancia de quedarse en casa si no existe una razón inevitable o esencial para salir, lo que ha obligado a algunas autoridades a tomar medidas draconianas.

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