Medico en laboratorio

 

Muchos sectores exigen al gobierno mexicano que implemente medidas más estrictas para la contención del Covid-19, estableciendo inclusive medidas unilaterales; mientras, las autoridades insisten en pedir que a pesar de la reacción que están teniendo en otros países, mantengamos la calma, y atendamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Algunos comparan la crisis de salud actual con la que se vivió hace diez años, pero existe una gran diferencia: en aquella ocasión, nosotros fuimos el centro de infección, la enfermedad se propagó de México al mundo. Valdría recordar que se hizo en el ámbito legal en aquella época, y que tal vez sea necesario repetir en esta emergencia.

El 24 de abril de 2009, después de que ya habían fallecido 22 personas por la influenza H1N1, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se ordenaron diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica.

En ese decreto se establecían medidas como el aislamiento de personas que pudieran padecer la enfermedad y de los que pudiesen ser portadores; evitar congregaciones de personas en cualquier lugar de reunión, incluyendo la clausura temporal de locales o centros de espectáculo y la inspección de pasajeros, equipajes, medios de transporte, mercancías y otros objetos que pudieran ser fuentes o vehículos de agentes patógenos.

Además, se limitaba la garantía prevista en el artículo 16 constitucional para que las autoridades sanitarias pudiesen ingresar a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia.

Asimismo, se autorizaba el uso de todos los recursos médicos y de asistencia social de los sectores público, social y privados existentes y la adquisición a nivel nacional o internacional del equipo y material necesario sin necesidad de agotar el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla, así como su importación, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno.

Se reguló el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, y se autorizó el uso libre, a solicitud de las autoridades sanitarias, de todos los medios de transporte de propiedad del Estado y de servicio público, cualquiera que fuera el régimen legal a que estuvieren sujetos estos últimos.

También se autorizaba el uso libre y prioritario de los servicios telefónicos, telegráficos y de correos, así como las transmisiones de radio y televisión, para que se transmitiera libre y oportunamente las medidas que se adoptaron para afrontar la contingencia.

Además el 2 de mayo de 2009 se publicó otro decreto declarando a la influenza humana AH1N1 enfermedad grave de atención prioritaria, lo que permitía la aplicación del artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que por causas de emergencia o seguridad nacional, incluyendo enfermedades graves declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual podrá declarar que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

El gobierno actual ha evitado en lo posible publicar un decreto con medidas específicas que limiten la circulación y convivencia de las personas, que genere más miedo del que más hay, y aunque ya declaró al Covid-19 como enfermedad grave de atención prioritaria, no ha publicado aun el decreto que activa el artículo 77.

Tal vez en las fases 2 o 3 de propagación de la enfermedad previstas por la Secretaría de Salud, sea necesario publicar un decreto que más que limitar la convivencia y promover el aislamiento, elimine las trabas administrativas y legales que obstaculicen la atención de la enfermedad, como trámites de aduanas o procesos de licitación, o que permitan al Estado disponer de las instalaciones de salud públicas, pero también de las privadas o disponer libremente de las señales de radio y televisión o de los servicios de transporte público concesionado. (El Decreto del Consejo General de Salubridad que reconoce la epidemia como enfermedad grave, fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo 2020).

El gobierno confía en la reacción positiva de la sociedad, pero hasta ahora no se ha visto la participación desinteresada y altruista del sector privado, especialmente de salud ni de los medios de comunicación, y tal vez tengan que ser obligados a dar su apoyo.

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