Policía municipal

 

En el fraccionamiento donde habito se presentó un incidente que pone en evidencia la falta de protocolos y de un marco jurídico suficiente para que las policías municipales o de las alcaldías, principalmente, puedan actuar en caso de emergencia o situaciones graves.

En el caso, una mujer y su hija viven solas; la madre es una persona de la tercera edad y la hija, que tiene aproximadamente 45 años, tiene una discapacidad mental con un comportamiento semejante al de un niño que regularmente hace “berrinches” con gritos que se escuchan claramente a cierta distancia de la casa.

Una tarde la hija empezó a gritar de forma continua y así duró por lo menos dos horas. Aunque esto suele ser normal, nos llamó la atención que no se oyera la voz de la mamá tratando de calmarla.

Tocamos y nadie nos abrió, pero a través de la puerta pudimos calmar a la hija sin que ella nos pudiera precisar si su mamá estaba con ella o si tenían alguna emergencia, y aunque cesó de gritar, lloraba inconsolable.

El tiempo seguía pasando y no pudimos localizar a la mamá, por lo que, temiendo lo peor (que la mamá estuviese inconsciente o muerta), decidimos llamar a la policía municipal, que a su vez pidió la asistencia de Protección Civil.

Los policías y el personal de Protección Civil, debo reconocer, se mostraron muy amables y con ganas de ayudar, pero al exponerles la situación y que implicaba entrar a la casa, dudaron en actuar. “Es allanamiento de morada” dijo uno de ellos, “podemos ingresar sólo con autorización del propietario”, dijo otro, “ya hemos tenido problemas por entrar a las casas”, señaló uno más.

Insistimos que la madre podía estar inconsciente o muerta y que la hija no tenía la capacidad de darnos esa información o indicar si estaba sola o no, preguntándoles si no tenían algún protocolo para casos como este.

Mencionaron que podían ingresar si alguno de nosotros firmaba una responsiva asumiendo la responsabilidad por el ingreso no autorizado al domicilio.

Al final apareció la mamá por lo que no fue necesario entrar, pero la situación me generó muchas dudas.

¿Hemos llevado la inviolabilidad del domicilio al grado que paraliza la actuación de las autoridades en una situación de emergencia o riesgo? ¿Una responsiva es suficiente sustento legal para un ingreso no autorizado? ¿En qué casos puede entrar la policía a un domicilio sin una orden judicial?

El artículo 16 constitucional establece en la primera parte de su primer párrafo que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en artículo 290 permite el ingreso de una autoridad a un lugar sin autorización judicial cuando sea necesario para repeler una agresión que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas (legítima defensa) o se realice con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.

 

Asimismo, en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha establecido que un domicilio también puede ser violado cuando flagrantemente se está cometiendo un delito.

Pero ninguno de estos supuestos se adecua al caso específico, aunado a que la autorización otorgada por alguien que no es el propietario o arrendatario del inmueble puede ser impugnada en los tribunales.

México no es el único país que establece la inviolabilidad del domicilio, pero en otras naciones se han establecido excepciones que permiten a los policías el ingreso a un domicilio sin orden judicial. Cito dos ejemplos. En el Reino Unido, la Ley de Policía y Evidencia Criminal (Police and Criminal Evidence Act, PCEA) establece que la policía puede ingresar sin una orden judicial a un domicilio cuando está persiguiendo a alguien que la policía cree que ha cometido, o ha intentado cometer, un delito grave (flagrancia); para hacer cumplir una orden de arresto; si es invitado libremente por el ocupante; cuando existe una disputa al interior del domicilio o si escuchan gritos de auxilio o angustia, supuestos que en general se conocen como causa probable o razón válida.

Específicamente, el artículo 17 inciso 1, subinciso e) de la PCEA establece que los policías podrán ingresar a un domicilio cuando  se “intenta salvar vidas o miembros del cuerpo o prevenir daños graves a la propiedad”.

En Colombia, el Código Nacional de Policía y Convivencia establece en su artículo 163 los supuestos en los que la policía puede ingresar a un domicilio sin mandamiento escrito cuando fuere de imperiosa necesidad. Los supuestos son: Socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio; para extinguir incendio o evitar su propagación o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro; para dar caza a animal rabioso o feroz; para proteger los bienes de personas ausentes cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente a un domicilio; cuando desde el interior de una casa o edificio se ataque a una persona o propiedad; y para proteger la vida e integridad de las personas, si en el interior del inmueble o domicilio se están manipulando explosivos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

Como podemos apreciar, en ambos casos coincide que la policía puede ingresar a un domicilio sin orden cuando por cualquier circunstancia se intenta auxiliar a una persona.

En algún momento del proceso legislativo que dio origen al nuevo sistema penal se propuso agregar al artículo 16 el siguiente párrafo: “La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”.

En la exposición de motivos se establecía que “[u]no de los reclamos más sentidos de la sociedad es que las autoridades policiales no son oportunas en el auxilio a las víctimas del delito, sobremanera, cuando éstas se ven violentadas en la intimidad de su domicilio… Los policías no ingresaran a un domicilio salvo que tuviesen orden judicial o en su defecto la autorización expresa del poseedor de la vivienda, a efecto de no arriesgarse a incurrir en infracciones y delitos, pero tal omisión coadyuvó al explosivo incremento de la impunidad e inseguridad”. Asimismo, se estableció que desde siempre se ha tutelado el derecho a la privacidad del domicilio, “incluso por encima de garantías como el derecho a la vida”.

A pesar de estos argumentos, la iniciativa no prosperó ya que, tal vez con razón, organizaciones de derechos humanos argumentaron que la policía podría abusar de esta facultad.

El hecho es que actualmente no existe un supuesto legal válido para que la policía pueda intervenir en situaciones como la que expuse o en otras parecidas y hacerlo con la autorización de un tercero no es suficiente.

Valdría la pena reconsiderar la adición de este párrafo porque las policías están cayendo en ocasiones en una parálisis que pone en riesgo a la sociedad.

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