Poster de Presunto Culpable

 

Está en el aire una radical reforma judicial y a la procuración de justicia, a presentarse los primeros días de febrero de este año. Mientras, circularon en las redes sociales un paquete de iniciativas que generaron preocupación en algunos, por decir lo menos. Otros consideran que es lo que se necesita para recuperar la seguridad. Tal vez valdría recordar las lecciones que dejó el documental Presunto Culpable.

Presunto culpable es un documental que narra la historia de José Antonio Zuñiga y su lucha en contra del sistema penal y judicial mexicano para recuperar su libertad, que se estrenó el 28 de febrero de 2011. Zúñiga fue acusado de homicidio con arma de fuego, junto con una banda de narcomenudistas en Iztapalapa. Aparentemente, cinco personas participaron en el homicidio, las autoridades sólo detuvieron a Zuñiga.

La prueba en su contra fue un testigo ocular que luego de pasar la noche en un separo del Ministerio Público, “recordó” que había visto a Zúñiga en la escena del crimen. Pero desde el principio le dijo a la policía que él no vio quién disparó el arma. Cuando en el juicio le preguntaron cómo sabía que el acusado se llamaba Toño Zúñiga, respondió que el nombre se lo habían dado los propios policías. Y cuando durante un careo Zuñiga le preguntó cómo había podido formular retratos hablados del resto de los atacantes, pero no de él, el testigo dijo “no deseo contestar esa pregunta”.

Otras pruebas fueron un testigo que no conocía el nombre del acusado, pero que tampoco había podido describirlo físicamente antes de su detención; una prueba de pólvora negativa; el policía judicial que lo detuvo dijo que no recordaba el caso y que si Zúñiga estaba preso “es porque usted es el responsable. Por algo está usted aquí”; la Ministerio Público responsable del caso no se atrevió a explicar de forma pública sus razones para acusar a Zuñiga, simplemente dijo “es mi chamba”. Y con eso lo acusaron de homicidio y el juez 26 penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal lo condenó a 20 años de prisión.

El caso fue un ejemplo para evidenciar la profunda crisis judicial que existía. Todos los reclusorios de nuestro país están repletos de Toños”, decía la también investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Layda Negrete, quien junto con su esposo Roberto Hernández, crearon el documental Presunto Culpable.

Así tenemos que al menos hasta el año 2011 sólo el 15% de los delitos fueron denunciados, el 93% de los acusados no veían al juez, el 95% de las sentencias eran condenatorias, el 90% de las sentencias condenatorias fueron con base a la confesión del acusado, más del 50% de los presos aún no habían sido condenados, el 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplían, más de la mitad de los procesados no tuvieron una representación adecuada, el 41% de los presos fueron torturados por la policía, el 93% nunca vio una orden de aprehensión, el 80% de los mexicanos decía no confiar en el sistema de justicia y se estima que sólo el 2% de los que cometieron un delito cumplieron su sentencia.

Con la reforma judicial que dio origen al sistema penal acusatorio, las cárceles mexicanas redujeron su población, Así se pasó de tener una sobrepoblación penitenciaria nacional de más de 20%, a una subocupación actual de un 10%.

Esta reducción en el número de internos en México coincide con el aumento en la inseguridad, y particularmente de los homicidios, lo que ha llevado a algunos a culpar al nuevo sistema penal. Es el caso del exjefe de gobierno, ex procurador y senador Miguel Ángel Mancera, quien sostiene que al estar menos personas en la cárcel hay más crimen.

Pero los expertos opinan lo contrario. El resultado muestra que la disminución obedece en mayor medida a la caída en el universo de personas encarceladas de forma preventiva, es decir, personas detenidas sin sentencia que confirme si son culpables o no. Asimismo, la cifra de sentenciados aumentó.

En declaraciones a animalpolitico.com Layda Negrete señala que afirmar que el aumento en la inseguridad es consecuencia del nuevo sistema requiere un análisis mucho más complejo, con diversas variables, y aun con ello es casi seguro que no exista dicho vínculo.

“Hay que recordar que antes, cuando subió la población penitenciaria entre 2012 y 2011 también subieron los homicidios. Por lo tanto no podemos hacer afirmaciones causales simplistas”, señaló.

“El número de personas encarceladas no debe ser una medida de efectividad del sistema de seguridad del país, ni el objetivo del sistema de justicia. No es el fin meter a la cárcel a más gente sino reducir la violencia. Enfocarnos en personas en prisión es un mal lugar desde donde evaluar la política de seguridad” concluyó.

Por su parte, Estefanía Medina Ruvalcaba, una de las fundadoras de la organización de litigio estratégico TOJIL: Estrategia contra la impunidad, coincidió en que no existe información que permita establecer una correlación entre violencia y población penitenciaria, sin embargo señaló que el nuevo sistema se debe evaluar en dos vertientes.

Primero en la procuración de justicia, desde el punto de vista de las sentencias, para determinar si la reducción de casi 20 mil internos presos con sentencia efectiva, se debe a problemas que están enfrentando los fiscales y, de ser necesario, corregir el rumbo.

Y la segunda en cuanto a la efectividad de las medidas cautelares alternas a la prisión preventiva, destacando que se requiere que las unidades de medidas cautelar realicen un seguimiento adecuado de las medidas aplicadas.

Con las reformas que se pretende realizar al poder judicial y la procuración de justicia podrían regresar viejos vicios como la violación a la presunción de inocencia, deteniendo para investigar; mayor valor probatorio a lo realizado por el ministerio público; la confesión ante el ministerio público o la policía tendría valor probatorio; prisión preventiva en todos los casos y para todos los delitos o un mismo juez llevaría el proceso, siendo más factible que prejuzgue.

Debemos sopesar seriamente si queremos regresar a un sistema en el que todos son culpables salvo que se demuestre lo contrario como lo demostró el documental Presunto Culpable, en aras de una supuesta mayor seguridad.

Con información de animalpolitico.com

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