Imprimir
Categoría: Sergio Fonseca
Visto: 154
powered by social2s
Persona encarcelada

 

El gobierno de la República ha realizado un inusual ejercicio de transparencia en relación con los hechos de Culiacán del pasado 17 de octubre, en el que la supuesta detención de un presunto narcotraficante generó balaceras y otros hechos de violencia en distintos puntos de esa ciudad sinaloense. Sin embargo, a pesar de esta transparencia, aún existen más preguntas que respuestas en torno al incidente.

La información proporcionada pone en duda la debida aplicación de los protocolos de actuación en las detenciones y las consecuencias que ello implica.

Entre el material que el gobierno dio a conocer, se encuentra el video en el que consta la supuesta detención de esta persona. En las imágenes aparecen aproximadamente ocho agentes del orden en la cochera de una casa. Se notan ansiosos. Se escuchan disparos. En un momento se abre la puerta del domicilio y en el marco de la puerta aparece una mujer y atrás de ella el supuesto delincuente. Todo es tensión y voces dispersas. Le piden salir. Primero sale la mujer. Después él. Lo siguen dos personas más. Le preguntan si está armado, responde que no. La mujer permanece cerca de la escena y pregunta “Pero ¿Qué pasa?” Los agentes tratan de alejarla, pero sin hacer contacto físico. Los agentes no ingresan a la casa. Le piden al presunto delincuente que haga una llamada para detener los ataques y el accede. Sin embargo, casi cinco horas después los agentes se retiran de la escena sin haber logrado su objetivo.

En otra información se señala que a las 13:00 hrs. la Guardia Nacional inició ante el Ministerio Público Federal la presentación del informe sobre el caso, que serviría para sustentar la solicitud de una orden de cateo. La presentación concluyó a las 15:50 hrs., misma hora a la que supuestamente iniciaron las agresiones “… lo que ya hizo innecesaria la orden de cateo” señalan las autoridades federales.

Hasta este momento las autoridades no han presentado los videos que muestren las circunstancias previas al ingreso al domicilio, los que detallan su presencia continuada en el mismo y cuando se retiran, por lo que están sujetas a especulación.

Analicemos las imágenes a la luz de los protocolos. Un miembro de las fuerzas del orden puede realizar una detención cuando existe un mandamiento ministerial, un mandamiento judicial o existe flagrancia, en estricto apego al artículo 16 Constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En este caso se trataba del cumplimiento de un mandamiento judicial al existir la autorización de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en funciones de juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, para la detención provisional con fines de extradición.

Cabe destacar que la autorización la emite un juez del Estado de México, porque el área solicitante de la Fiscalía General de la República le indicó que el supuesto delincuente había sido localizado en Metepec, Estado de México, que se encuentra en la jurisdicción de este juez.

Ahora bien, aunque sabían en dónde se encontraba el presunto delincuente, las autoridades no podían entrar al domicilio. Los párrafos primero y octavo del artículo 16 constitucional establecen que para que una autoridad pueda entrar contra la voluntad del dueño a un domicilio, es necesario que exista una orden escrita por autoridad judicial, expresando el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos que se busquen, a lo que deberá limitarse la diligencia, de lo que deberá levantarse acta circunstanciada en presencia de dos testigos. Esto es lo que se conoce como una orden de cateo.

Sin embargo, el video muestra que los agentes ya se encontraban adentro del domicilio mientras esperaban la orden de cateo.

Las autoridades dicen que se “hizo innecesaria la orden de cateo” en razón de los enfrentamientos que tenían con la delincuencia. Si las personas que se encontraban al interior del domicilio dispararon en contra de los agentes, entonces estaríamos en presencia de un delito en flagrancia, por lo que hubieran podido entrar no sólo al garaje, sino al interior del domicilio sin problemas, para realizar la detención de todas las personas que se encontraban ahí.

Pero no existe evidencia de que ese haya sido el caso. Al contrario, lo que se puede apreciar es que en todo momento los agentes evitan entrar al interior de la casa.

Así, con la evidencia mostrada por las autoridades federales, tenemos que en el caso Culiacán la primera violación al protocolo de actuación es que no existía ni mandamiento judicial ni tampoco flagrancia para llevar a cabo la detención.

Cuando sale el presunto delincuente por la puerta del domicilio se alcanza a escuchar que le pregunta si trae armas, el responde que no, lo ponen de rodillas contra la pared y después le piden que se ponga de pie y se comunique con sus cómplices para que detengan los ataques.

El protocolo de detenciones establece que del agente del orden se debe identificar; solicitar la cooperación de la persona mediante disuasión verbal; en caso de resistencia, emplear el uso de la fuerza conforme a la normatividad aplicable; expresar la causa de detención; esposarlo y dar lectura de los derechos que le asisten;  revisarlo y asegurar los objetos que se le encuentren.

En el caso Culiacán en el video no consta que los agentes se identifiquen o que expresen la causa de la detención. No se aprecia que sea esposado en ese momento ni que lo revisen, mucho menos se aprecia que le lean sus derechos.

Es entendible que en la forma en que se dieron los acontecimientos en este hecho, como puede suceder en otros casos, no puede darse cumplimiento plenamente al protocolo, sin embargo, el mismo no establece ninguna excepción.

Finalmente, los agentes que intervinieron en el caso Culiacán, especialmente en el domicilio, aunque no lograron la detención, deben realizar un informe, donde se narran lo hechos y circunstancias del caso. Hasta el momento las autoridades no han señalado la existencia de este informe.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha venido sosteniendo que las Fuerzas Armadas únicamente coadyuvan con las instituciones de seguridad pública, por lo que el personal militar no asume la calidad de primer respondiente, y, por lo tanto, no elaboran Informes Policiales Homologados. Sin embargo sí tiene la obligación de documentar su actuar en el ejercicio de sus labores de coadyuvancia con instituciones civiles, razón por la que estaría obligada a proporcionar dicha información al estar vinculada con sus facultades, funciones o competencias.

Pero el último modelo de Informe Policial Homologado elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública contempla que el mismo también puede ser llenado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaria de Marina Armada de México, lo que quiere decir que sí les corresponde llenarlo.

Llama la atención que las autoridades hayan confirmado que el Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN) fue el encargado del operativo que se realizó en Culiacán, mientras que exhiben oficios en los que se supone que los responsables de la operación eran de la Policía Federal, y que los militares iban a “brindar apoyo para garantizar permanentemente la seguridad de la Policía Federal” a quienes se encomendó “realizar cualquier diligencia necesaria”. En el papel son coadyuvantes, en la realidad son ejecutores.

Supongamos que se hubiera logrado la detención del probable delincuente en Culiacán. Ante esta serie de irregularidades: no existe orden de cateo o flagrancia, no se identificaron, no se leyeron los derechos, posible simulación en el Informe Policial Homologado al ser responsable del operativo otra unidad o dependencia, era muy probable que el caso terminara por derrumbarse y el presunto delincuente obtuviera su libertad, como ya ha sucedido en otras ocasiones.

Porque estas irregularidades u otras son la regla y la razón por la que muchos de los casos se caen en tribunales. Y no sólo en este sexenio, sino en sexenios anteriores.

Pareciera que no existe un área especializada en las distintas corporaciones de seguridad pública, sean policías o fiscalías federales, estatales, locales o las fuerzas armadas, que revisen y preparen los casos antes de ser presentados a los tribunales, para evitar estos fuertes descalabros. En resumen, no aprenden de sus errores.

Mientras no lo hagan, van a seguir teniendo el mismo problema, lo que ellos llaman, la puerta giratoria, que pareciera que es más bien consecuencia de la ineficacia.

O cambien las reglas.

miabogadoenlinea.net

Se permite la reproducción parcial o total, concediendo crédito a miabogadoenlinea.net

powered by social2s