Persona encarcelada

 

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 que, en resumen, refleja los mismos índices de impunidad.

La ENVIPE estima que durante 2018 se generaron 33 millones de delitos asociados a 24.7 millones de víctimas. Cabe aclarar que la encuesta mide los delitos más representativos del fuero común. Delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, portación de armas exclusivas del Ejército, tráfico de indocumentados, entre otros, no se incluyen en la encuesta.

Los delitos del fuero común son aquellos que corresponde a las autoridades de cada estado investigar.

Conforme a la estadística, la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o denunciados que no derivaron en averiguación previa o carpeta de investigación, fue de 93.2% a nivel nacional durante 2018. Las principales causas para no denunciar es la pérdida de tiempo (31.7%) y la desconfianza en la autoridad (17.4 %) o trámites largos o difíciles (8.9 %).

De los que fueron objeto de averiguación previa o carpeta de investigación, 6.8%, sólo en el 48.9% de los casos hubo un avance, en resto no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

Es decir, del 6.8% del total de delitos del fuero común cometidos en el país, sólo en el 3.3% de los casos hubo avance. Es decir en 3 de cada 100 casos. De esa cifra, 2 % está en trámite y en el restante 1.3% el delincuente fue puesto a disposición de un juez, la víctima recuperó sus bienes, hubo reparación del daño o se otorgó el perdón.

Los tres delitos más reportados en la encuesta son robo o asalto en la calle o transporte público (28.5 %), extorsión (17.3 %) y fraude (14.3 %), es decir, delitos que afectan el patrimonio de las personas.

Estas cifras no tienen mucha diferencia con las cifras de la ENVIPE 2011, que es cuando por primera vez se hizo este ejercicio, con datos de 2010.

Conforme con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública “es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios,… comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.

Como podemos ver, el modelo de seguridad pública previsto en la Constitución es que los responsables de la persecución de los delitos del fuero común, es decir, robos, asaltos, etcétera, son los gobernadores de los estados.

Pero más aún, la primera línea de defensa en materia de seguridad pública son los municipios. Las facultades constitucionales de los ayuntamientos en materia de seguridad pública eran tácitas, hasta que en febrero de 1983 se hicieron expresas.

En esa época se reformó el artículo 115 constitucional para fortalecer a los municipios en un afán de descentralización, reconociéndoles como “la célula básica de la República” y dotándoles de “plenas facultades para impulsar la vida comunitaria y para la mejor prestación de los servicios públicos que le son propios”, que incluye la seguridad pública.

“Con el concurso de los Estados”, dice la Constitución, “cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes”, o cuando en el municipio resida transitoria o el Ejecutivo Federal o los gobernadores, correspondiéndoles en esos casos a éstos el mando de la fuerza pública.

Así, el modelo de seguridad pública constitucional establece que los primeros responsables son los municipios, después los estados, y al final la federación, pero exactamente está es la base del problema.

La mayor impunidad se da en los delitos del fuero común, que son competencia de las autoridades locales, pero con el pretexto de que no tienen recursos o que se trata de delincuencia organizada, pasan la responsabilidad de la seguridad pública local a los estados y estos, a su vez, con los mismos pretextos, hacen responsable a la federación.

La federación en algunos casos reitera que es responsabilidad de las autoridades locales, pero acaparando los recursos para seguridad; y en otros asume la responsabilidad de la seguridad pública local, sin tener la capacidad suficiente para hacerlo.

Y mientras se echan la pelota unos a otros, la ciudadanía lleva atrapada en medio de ésta indefinición décadas, víctima de los altos índices de impunidad.

Esta encuesta debería ser la última llamada para que la seguridad pública se atienda como corresponde y conforme al modelo que establece la Constitución, es decir, desde los municipios, después los estados y al final la federación, en ese orden, con una política de estado que la fortalezca y que trascienda el periodo de presidentes, gobernadores y presidentes municipales. Si no, los índices de impunidad no van a disminuir.

Pero también es momento de definir si el sistema ya no funciona y, de ser ese el caso, cambiarlo.

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