Mazo y birrete

 

El martes 3 de septiembre, el Congreso de Veracruz aprobó por mayoría calificada la remoción temporal de Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del estado, por no cumplir con la revalidación del certificado de confianza.

Esta sería el segundo fiscal general del estado que deja su cargo en los cuatro años que tiene de existencia ese organismo de procuración de justicia, y por las mismas razones: razones políticas.

El primer fiscal general en el estado fue Luis Ángel Bravo Contreras, quien tras ser procurador del Estado en el gobierno de Javier Duarte al entrar en vigor la autonomía constitucional de la Fiscalía General en la entidad, quedó designado a partir de ese momento, enero de 2015, como Fiscal General del Estado, cargo que se supone dejaría en 2024.

Pero tras presiones políticas del entonces gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, y tras una negociación, renunció al cargo el 29 de noviembre de 2016, con efectos a partir del 1 de diciembre de ese mismo año, fecha en que inició su cargo Yunes. Pero en un movimiento, también político, el mismo 29 de noviembre fue nombrado como Visitador General, Jorge Winckler Ortíz.

Winckler fue nombrado visitador general para que en términos del artículo 362, fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 15 de la citada Ley, al quedar vacante la fiscalía, él quedara a cargo provisionalmente.

Después, el 30 de diciembre de 2016, Winckler sería nombrado Fiscal General, en medio de reclamos por su cercanía con el gobernador y porque supuestamente su cédula la había obtenido en 2015, por lo que no cumplía con los requisitos de ley.

Después, el 1 de diciembre de 2018, llegaría a la gubernatura Cuitláhuac García, que por razones políticas también se ha enfrentado al Fiscal General, hasta que el pasado martes el Congreso decidió separar al funcionario temporalmente de su cargo “por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondientes, necesarios para el ingreso y permanencia en el cargo, tal y como lo informan las autoridades con competencia para su emisión.”

Ahora hay en el estado una nueva encargada de la Fiscalía General. El acuerdo señala que la decisión de separar temporalmente al fiscal de su encargo, no se sustenta en el artículo 67, fracción I, inciso d), de la Constitución del Estado, que establece el procedimiento para designar y remover al fiscal general, por lo que “resultan inaplicables los supuestos de suplencias y ausencias previstos en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento” razones por la que el Congreso nombró directamente a Verónica Hernández Giadáns, como encargada de despacho de la Fiscalía General.

El argumento es que el Fiscal General no ha cumplido con los controles de control de confianza, pero si ese argumento no se sostiene legalmente, toda la maniobra para suspenderlo será ilícita, así como el nombramiento de la encargada del despacho, y habrá un daño para la sociedad porque todas la actuaciones de Hernández Giadáns serán nulas.

Y mientras este pleito político sigue, los habitantes de Veracruz siguen siendo víctimas de criminales que gozan de total impunidad.

Las fiscalías generales, incluyendo la federal, se crearon para que al gozar de autonomía del Poder Ejecutivo, las instituciones de procuración de justicia investigaran seriamente los delitos y acabaran con la impunidad por la que 98% de los delitos en el país no se castigan.

Pero en todos los estados de la República y en el propio gobierno federal, los titulares del poder ejecutivo y los partidos mayoritarios siguen buscando que el gobierno tenga un fiscal a modo, no independiente, mientras los ciudadanos seguimos padeciendo las consecuencias de no separar la política de la procuración de justicia.

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