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Mazo y birrete

 

Ayer, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró en conferencia de prensa que su gobierno es respetuoso de la independencia del Poder Judicial, pero señaló que “… cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos ‘legaloides’ de forma, no de fondo, que porque está mal integrado el expediente, o cualquier otra excusa, lo vamos a denunciar aquí”.

Es una frase contradictoria porque aunque hace referencia al principio de presunción de inocencia, termina por asumir que una persona que es presentada ante un juez, es un delincuente por lo que sí es puesta en libertad por no cumplirse con las formalidades debidas, se están utilizando “elementos ‘legaloides’ de forma”. Se entiende que el ciudadano tenga esta visión, pero no cabe en el titular del ejecutivo federal.

Pero ¿el que esté “…mal integrado el expediente, o cualquier otra excusa” es un elemento ‘legaloide’ de forma? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no define la palabra “legaloide” pero si revisamos la etimología de la palabra, vemos que se compone de la palabra latina (legālis), perteneciente o relativo a la ley o al derecho y el sufijo griego (–ide/-oide), "parecido a", "en forma de".

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Así, podemos concluir que “legaloide” hace referencia a algo parecido a o en forma de ley o derecho, pero sin serlo necesariamente, solo tiene características aspectuales de aquello.

Cuando un juez “libera”, como dice el presidente, a un presunto delincuente por un expediente mal integrado que puede incluir declaraciones falsas de los policías o militares, un retraso sin causa justificada para presentar al detenido ante el ministerio público, entre otros aspectos, no se trata de una decisión “legaloide”, sino que es parte del derecho humano a un debido proceso, consagrado en el artículo 14 constitucional.

La propia Secretaria de Gobernación de esta administración, define al “debido proceso como el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito…”.

Así que, aunque el titular del Ejecutivo Federal no esté de acuerdo, el observar las formalidades esenciales en un procedimiento judicial es una garantía constitucional y no un “elemento ‘legaloide’ de forma”.

También es preocupante que tácitamente el presidente considere que cualquier persona que es presentada ante un juez de control es culpable y, peor aún, que todos los jueces que exigen el respeto a la garantía de debido proceso también son culpables de corrupción, sin mayor proceso.

El titular del Ejecutivo debe recordar que conforme el artículo 20 constitucional toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme, por lo que ni un presunto delincuente ni un juez que se presume corrupto, pueden ser señalados sin habérseles probado la acusación.

Que el presidente de la República considere una garantía constitucional como un “formalismo” y manifieste de forma tácita que todos los procesados son responsables de un delito, me recuerda a Felipe Calderón hace ocho años que consideró que “…por un formalismo los jueces tuvieron la oportunidad de no condenar…los jueces se están convirtiendo más que en jueces, en verificadores de requisitos”.

Pareciera que nuevamente se olvida que en un Estado de Derecho las autoridades están sometidas a la ley y actúan con apego a la misma y en una cultura de la legalidad, la sociedad cree en las normas legales y las respeta.

No soy ingenuo y sé que sin duda existe mucha corrupción en el poder judicial, pero la criminalidad y la corrupción de los jueces no se puede combatir violando derechos, sino con la construcción de casos sólidos, con apego a la ley, que no puedan ser tumbados por violaciones al proceso, las garantías individuales o por corrupción de los jueces.

miabogadoenlinea.net

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