Mazo y birrete

 

A pesar de que ha pasado casi un mes desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que los artículos 140 y 148 del Código Civil del estado de Nuevo León, relacionados con el matrimonio, son inconstitucionales por discriminar a las personas del mismo sexo, la controversia continúa.

Esos artículos establecen que sólo se pueden celebrar esponsales -promesa de matrimonio- entre un hombre y una mujer y que para contraer matrimonio un hombre y una mujer necesitan haber cumplido los 18 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de estas disposiciones y la SCJN los declaró inválidos, es decir, no se pueden aplicar, al ser contrarios a los principios de igualdad y no discriminación previstos en la Constitución federal.

Al Congreso del estado no le queda más que acatar la decisión de la Suprema Corte, pero la controversia continúa. La semana pasada un diputado local de esa entidad declaró: “La Suprema Corte de Justicia está jugando un papel muy delicado porque Nuevo León es un estado autónomo, soberano, no puede venir la Suprema Corte a imponer a los estados jurisprudencias que ellos hacen, sino que tienen que respetar la autonomía, y qué hizo la SCJN, venir a ideologizar el tema del matrimonio”, señaló.

Tal parece que este legislador ha olvidado lo que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 40 establece que los Estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, “unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Sin embargo, esa “soberanía” se encuentra acotada por la propia Constitución federal. Por ejemplo, el artículo 115 establece la obligación de adoptar para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular y al Municipio como base tanto de su división territorial y organización política. Mientras que el artículo 116 precisa las bases de organización de los poderes locales.

Es por ello que los expertos en materia constitucional consideran que las entidades federativas, más que soberanas, son autónomas, porque pueden establecer su régimen interior, pero con las limitaciones jurídicas que establece la Constitución federal que deben observarse y condicionan o determinan el contenido y el sentido de sus decisiones.

Por otra parte, el artículo 133 constitucional establece la jerarquía de las normas en nuestro país, primero la Constitución federal, luego los tratados, las leyes federales y posteriormente las constituciones locales, y las leyes locales. Estas dos últimas deben adecuar sus principios y disposiciones a esa estructura y evitar que se declare la inconstitucionalidad de la norma estatal, por parte del poder judicial federal.

Además la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por disposición expresa de los artículos 49, 94, 103 y 105 de la Constitución federal, es el máximo tribunal del país, tratándose del control de la constitucionalidad de leyes y actos que violan los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna y, además, es el máximo intérprete de la Constitución federal al conocer en única instancia de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad.

Así que, a pesar de las opiniones en contrario, la Constitución federal faculta a la SCJN para “imponer” al estado de Nuevo León la interpretación que hace de la propia Constitución federal. Decir lo contrario lo único que demuestra es desconocimiento.

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