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Bebé llorando

 

Esta semana, el Congreso de Nuevo León, por una mayoría de 30 votos, aprobó, después de cinco años, la reforma al artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León que garantiza el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo que ha generado gran controversia en la entidad.

La reforma consiste en adicionar un párrafo al artículo 1° de la Constitución de la entidad, que ahora es el segundo, recorriéndose los subsecuentes párrafos. El párrafo adicionado dice: “El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León”.

Para los opositores a esta reforma, la misma implica la criminalización del aborto, aunque agrupaciones defensoras de los derechos sexuales como Fondo MARIA, que defiende derechos sexuales y reproductivos de mujeres en México, y Grupo de Información en Reproducción Asistida (GIRE), consideran que la reforma no representa un obstáculo para el acceso al aborto a través de las causales legales previstas en las leyes secundarias, es decir, se tendría que modificar el Código Penal de la entidad y eso no ha pasado, aunado a que la NOM-046 garantiza el acceso de las mujeres al aborto en caso de violación.

Dieciocho estados han aprobado una redacción parecida a este párrafo: Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En contra de varias de estas reformas se promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aún quedan algunas pendientes de ser resueltas.

En el año 2002, al discutir la reforma al Código Penal del Distrito Federal que establecía que no se penaría el aborto cuando el producto de la concepción presentara alteraciones congénitas o genéticas, entre otros aspectos, se presentó una acción de inconstitucionalidad cuyo resultado fue la declaración de la SCJN de que la disposición era conforme con la Constitución.

Además de la sentencia, la Corte emitió nueve tesis de jurisprudencia, las más importantes para el tema son dos. La tesis jurisprudencial 13/2002 que concluye que la Constitución mexicana "protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos". Y la tesis jurisprudencial 14/2002 que concluye que "la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política... como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales". Cabe destacar que la ponente fue la ex ministra Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de gobernación.

El tema regresó a la SCJN, en 2007 cuando en el Código Penal del Distrito Federal se definió el aborto como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación, con lo que la interrupción del embarazo, cuando así lo decide libremente la madre, durante las primeras doce semanas de gestación, no es delito.

En agosto de 2008 una mayoría de ocho ministros concluyó que las reformas al Código eran válidas, sin embargo no coincidieron en las consideraciones para la validez de la disposición, por lo que los argumentos de la decisión no constituyeron criterios obligatorios.

Al justificar su voto a favor, Olga Sánchez Cordero señaló que el derecho a la vida no es absoluto e irrestricto, y se debe hacer una ponderación entre el derecho a la vida del “nasciturus” antes de las doce semanas y del derecho a la vida y salud de la mujer. En esa ponderación, considera que la protección de la vida es la regla y el aborto consentido es la excepción, esta excepción se justifica a partir de la no imposición de un embarazo no deseado en condiciones que perjudiquen la vida y la salud de las mujeres, por lo que no resulta inconstitucional la disposición.

Y concluyó diciendo: “Ningún derecho es más básico que el derecho a la vida, pero nada es más devastador que la vida sin libertad, y eso es una vida en la que uno se ve forzado a una maternidad que no quiere”.

El tema volvió a discutirse en la SCJN cuando los estados de Baja California y San Luis Potosí reformaron sus constituciones en 2009 para proteger la vida desde la concepción. En 2011 sólo siete ministros votaron por la invalidez, por lo que no se obtuvo la mayoría calificada para hacer algún pronunciamiento en torno a su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Existieron otros tres casos semejantes en Querétaro, Guanajuato y Oaxaca, pero en el caso de Querétaro la SCJN declaró la invalidez por violaciones al proceso legislativo, y en los otros dos casos la validez, pero considerado que no invadieron la competencia de los municipios, así que no entraron al fondo.

Por lo que se refiere a tratados internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José es el único tratado, convención o pacto en materia de derechos humanos que México ha ratificado, que se refiere a que la vida está protegida desde el momento de la concepción. Literalmente, señala: Derecho a la vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente…

México, al ratificar esta Convención, se reservó respecto a esta disposición, señalando que  la expresión “en general” no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento de la concepción”, ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los estados.

Para Jorge Carpizo, “…dicha declaración interpretativa confirma y ratifica que esta materia en nuestro país corresponde a las competencias de los estados”.

Así, podemos concluir que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la vida está protegida desde la concepción, ese derecho no es absoluto y es posible limitarlo cuando los estados legislan en temas como el aborto.

Este criterio puede ser ratificado al resolverse las acciones de constitucionalidad que están pendientes, o modificarse. Todo depende de quiénes integren la SCJN en ese momento.

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