Dispensador de gasolina

 

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador y el expresidente Vicente Fox Quezada se enfrascaron en una serie de dimes y diretes sobre si el expresidente se había opuesto a marcar la gasolina para evitar el robo.

Dijo el presidente: "En el presupuesto del 2004 se aprobó un artículo transitorio para que se adquiriera una sustancia y se marcara la gasolina para evitar el robo, para distinguir la gasolina robada y la gasolina de Pemex… El Ejecutivo,… presentó una controversia para quitar ese artículo transitorio y el Poder Judicial, la Suprema Corte, le dio la razón…". Por su parte, el expresidente indica que se analice ese veto sobre presupuesto y que la SCJN trabajó de la mano con él.

En realidad se trató del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2005, aprobado por la Cámara de Diputados en 2004. En este documento se estableció en el artículo décimo transitorio: “DÉCIMO. Con la finalidad de abatir la pérdida de ingresos por el robo de combustible (gasolina, diesel, turbosina y gas licuado de petróleo), Petróleos Mexicanos deberá adoptar a más tardar en los primeros 45 días del año siguiente, los sistemas de tecnología de punta que identifiquen los combustibles que suministra el mercado. En el caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables”.

Y efectivamente, el expresidente Fox presentó una controversia constitucional, pero no contra ese artículo en particular, sino contra todo el presupuesto de egresos. Lo que argumentaba el expresidente era que no se había respetado la facultad del titular del Poder Ejecutivo, para realizar observaciones al Decreto de Presupuesto de Egresos, que la facultad de la Cámara de Diputados para modificar el presupuesto tenía limitaciones y que las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados al Proyecto de Presupuesto de Egresos eran inconstitucionales.

En esas modificaciones se incluía a los transitorios: “Las órdenes derivadas de los artículos Transitorios y anexos del Decreto PEF 2005 impugnado, por medio de las cuales se pretende obligar al Ejecutivo Federal, así como a sus dependencias y entidades para ejecutar actos concretos y administrativos son contrarios a la Constitución Federal…”. Aquí se incluía el transitorio décimo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el presidente de la República sí cuenta con facultades para hacer observaciones al Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y que, en su caso, una vez discutidas por la Cámara de Diputados, deberán ser superadas por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente, y declaró la invalidez del Acuerdo del Pleno de la Cámara de Diputados, que rechazó las observaciones del presidente y también estableció la nulidad de dicho Presupuesto únicamente en la parte que fue objeto de observaciones, para que la Cámara de Diputados las atendiera y en su caso las votara.

Con la invalidez del acuerdo, las objeciones de fondo, como el establecer medidas para abatir la pérdida de ingresos por el robo de combustible, quedaron insubsistentes, sin materia, por lo que no existió un pronunciamiento en concreto sobre el tema.

Y la Cámara de Diputados aceptó todas las observaciones y retiró las medidas contra el robo de combustible.

Así que tanto el presidente como el expresidente están faltando a la verdad. La controversia constitucional no se refería al robo de combustible, ni la Suprema Corte trabajó "de la mano" de Vicente Fox en el tema, es más, ni siquiera lo tocó. En realidad fue la Cámara de Diputados la que le dio la razón a Fox, al ya no insistir en las medidas contra ese delito.

La realidad es que el robo de combustibles se incrementó desde que el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) a partir de 2005 ordenó, por distintas razones, a PEMEX y la Secretaría de Energía a hacer pública la información sobre los gasoductos.

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