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Categoría: Sergio Fonseca
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Persona en prisión

 

El pasado 6 de diciembre el Senado de la República aprobó una reforma al artículo 19 constitucional para aumentar los delitos que conforme a ese artículo conllevan prisión preventiva oficiosa, lo que algunos llaman los delitos graves.

Ahora que en el próximo periodo de sesiones la propuesta será analiza por la Cámara de Diputados, se han empezado a escuchar voces en contra, inclusive al interior de la propia cámara baja.

La prisión preventiva es una medida que ha sido cuestionada desde hace mucho tiempo. Basta recordar el documental “Presunto Culpable”, que se estrenó en 2011 y que presenta el caso de un joven que es acusado de homicidio y que, a pesar de los testigos de descargo y que no existe evidencia física en su contra, es condenado a 20 años de prisión basándose el juez exclusivamente en el testimonio del primo de la víctima. El film se anunciaba con el eslogan “En México, ser inocente no basta para ser libre”.

El documental reflejaba otra problemática real: que en las prisiones el 40% de la población se encontraba en prisión preventiva, sin que se hubiese definido su responsabilidad.

Por eso en 2008 pasamos al sistema penal acusatorio en donde se garantiza la presunción de inocencia y la prisión preventiva es una excepción, siendo sólo aplicable de oficio, conforme al artículo 19 constitucional, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

A partir a partir de esta reforma y por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muchas personas que estaban detenidas, fueron liberadas para que vivieran su proceso en libertad.

Para muchos, incluyendo al senador Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, el cambio a este nuevo sistema llevó a que los presuntamente son responsables de delitos como robo a casa habitación, puedan vivir su proceso en libertad porque el delito que cometieron no se encuentra dentro de ese catálogo, incrementando los índices de criminalidad.

Es por eso que se han presentado distintas iniciativas para incluir en el catálogo del artículo 19, más delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa y que fueron aprobadas en el Senado. Así se propone incluir en ese catálogo: el abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Algunos opinan que adicionar el catálogo de delitos del artículo 19 nos llevará, al final, a la situación en la que nos encontrábamos antes en la que la prisión preventiva era la regla y no la excepción, en la que la retención de las personas sujetas a proceso se fundaba en la presunción de que esa persona había cometido un delito. Presuntos culpables, diría el documental.

Además, esos expertos consideran que no es necesario aumentar el catalogo en la medida en que la propia legislación prevé que el ministerio público puede solicitar se aplique la prisión preventiva, demostrando con evidencia que se dan los supuestos que la legislación señala, es decir, que su encarcelamiento es necesario para garantizar su comparecencia al juicio, evitar que obstaculice la investigación o proteger la integridad de la víctima o testigos, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

En el otro lado están los que consideran que con ésta la reforma disminuirá el alto índice de criminalidad que se presentan en el país. Tal vez aun no estamos listos para aplicar plenamente el principio de presunción de inocencia. El tema se definirá en los próximos meses.

En mi opinión, aumentar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa es una medida coyuntural, pero que no ataca problemas más profundos que presenta la justicia en México: la falta de investigación y las deficiencias en las unidades de seguimiento y supervisión de medidas cautelares. Estas unidades son las que deben vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas a personas sujetas a proceso y realizar el análisis de evaluación de riesgo procesal, información que debe servir de herramienta al ministerio público para solicitar la aplicación de la prisión preventiva.

P.D. Lo que se está discutiendo no es una definir o aumentar los "delitos graves” , más bien, es en qué casos se aplica la prisión preventiva de oficio, es decir, sin mayor discusión o análisis.

Fue en 1993, cuando se estableció el modelo de los “delitos graves”. El artículo 20 de la Constitución señalaba que se podía vivir el proceso en libertad bajo caución, siempre que “… no se tratare de delitos en que por su gravedad la ley expresamente prohíba conceder este beneficio”.

En 1996 se hizo otro cambio al artículo 20 constitucional y se agregó que en los casos de delitos no graves, el juez estuviera facultado para “… negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave…”.

Con la reforma de 2008 ese modelo desapareció y ahora sólo pueden ser “graves” delitos en contra de la seguridad de la nación, del libre desarrollo de la personalidad y de la salud, cuando la ley así lo prevea.

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