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Bandera mexicana

 

Después que el pasado 16 de enero la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, el presidente de la República manifestó su inconformidad con la misma porque el Ejército y la Marina continúan sin un marco legal adecuado que proteja su actuación en materia de seguridad pública.

“No estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado del proyecto que se aprobó ayer; queremos respetuosamente que se reincorpore ese transitorio, que, durante un tiempo, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda el Ejército ayudarnos y la Marina”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El texto del transitorio que es de interés del titular del ejecutivo que se conserve es el siguiente: “De manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”.

Además, la iniciativa y los distintos borradores del dictamen incluían excepciones a los artículos 21 y 129 constitucional, que permitían a las fuerzas armadas el participar en materias de seguridad pública.

El artículo 21 constitucional, en su décimo párrafo establece claramente que: “Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil,…”

Asimismo, conforme al artículo 129 de la Carta Magna “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.” Cabe destacar que este texto constitucional no ha sido reformado desde 1917.

Pero esas excepciones también desaparecieron del texto final aprobado por los diputados, por eso es que el presidente considera insuficiente la reforma, al continuar el vacío sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

La actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia se sostienen a partir de cuatro tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del año 2000, en las que se interpretan los artículos 16, 29, 89, fracción VI, el artículo 129 constitucional.

Estos criterios tuvieron su origen en una acción de inconstitucionalidad promovida en 1996 en contra de la ley que establecía un consejo de seguridad  en el que formaran parte el Secretario de Marina y el Secretario de la Defensa Nacional, precisamente con el argumento de que no deben tener una actividad de esta naturaleza en tiempo de paz y que deben estar replegados.

Sin embargo, en estas tesis se estableció que constitucionalmente era posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada actuaran en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública, a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, sin necesidad de que se haya decretado suspensión de garantías. Aunado a que en la fracción VI del artículo 89 constitucional se faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior.

Salvo el artículo 129, el resto de los artículos han sido reformados, y existe una minoría en la SCJN que incluso considera que los mismos deberían ser abandonados al tratarse de criterios que nacieron en un marco jurídico que ha sido transformado desde 2008.

De ahí la necesidad de contar con excepciones o disposiciones constitucionales que sostengan la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, porque mientras se consolida la Guardia Nacional, Ejercito, Armada y Fuerza Aérea tienen que seguir participando en estas labores.

Esperemos que los legisladores, especialmente los representantes del Partido Acción Nacional, escuchen el llamado tanto de los propios militares como los del presidente.

miabogadoenlinea.net

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