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Captura de pantalla de NAIM

Este fin de semana se realizará la consulta organizada por el Movimiento de Regeneración Nacional, el presidente electo y su equipo, en el que se decidirá el destino del aeropuerto que se está construyendo en Texcoco.

Mucho se ha dicho que la consulta que se está realizando es ilegal e inconstitucional, que viola el artículo 35 de la Constitución, además de la Ley Federal de Consulta Popular.

El artículo constitucional mencionado, en su fracción VIII establece como derecho de los ciudadanos votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, mismas que deben ser convocadas por el Congreso de la Unión, cuando se cumplan los requisitos ahí previstos.

La Ley Federal de Consulta Popular es reglamentaria de la citada fracción y tiene por objeto regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular y promover la participación ciudadana en las consultas populares, cuyos resultados serán vinculatorios para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, si al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores participan en ella.

Pero ninguna de estas disposiciones prohíben que un ciudadano o un partido político organicen sus propias consultas, por lo que ni el presidente electo ni MORENA están impedidos a realizarla, independientemente de si es imparcial, objetiva y/o segura.

Inclusive, un grupo de ciudadanos promovió un juicio de amparo para que se defina si el presidente electo es autoridad y debe cumplir con el marco legal para realizar una consulta. Pero el juez no otorgó la suspensión, así que la consulta va.

El presidente electo dijo que para él, el resultado de la consulta será vinculatorio. En ese orden de ideas, de optarse en el ejercicio por la opción de la triada Aeropuerto Internacional Benito Juárez-Toluca-Santa Lucía, a partir del mes de diciembre la obra en Texcoco se suspendería en forma definitiva y los contratos se darían por terminados. O muy posiblemente los trabajos se suspendan antes por parte de los más de 300 proveedores pequeños, medianos y grandes que participan en distintos aspectos de la obra.

Es muy posible que el presidente electo, en los 36 días que quedan para la toma de posesión, negocie con ellos garantizándoles que participarán en las obras para la triada, con el mismo monto contratado. Algunos aceptarán otros no.

Lo interesante será cómo implementa su equipo estos compromisos.

Los contratos de adquisiciones generalmente se concluyen por rescisión administrativa o terminación anticipada. La rescisión administrativa se da a partir de un incumplimiento por parte del proveedor. A los proveedores de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no les convendría que se utilizara esta figura, porque aunque se hace un balance, reintegrando el proveedor el anticipo y los pagos progresivos que hayan recibido y la dependencia o entidad paga los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión, no existe reembolso de gastos no recuperables y daña el expediente del proveedor.

Lo más conveniente sería dar por terminados los contratos anticipadamente. En este caso al proveedor se le paga lo que aún se le adeuda y deben de reembolsarle los gastos no recuperables. En este tema lo importante es que no son todos los gastos que haya realizado, por lo que sí sufrirán una pérdida.

Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102 de su reglamento, los contratos del gobierno se pueden dar por terminados anticipadamente por razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

Pero esa decisión debe estar sustentada en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la terminación. En ese dictamen no se puede citar directa o indirectamente un ejercicio de consulta realizado por un partido político, porque entonces no estaría debidamente motivado, lo que permitiría a aquellos que no hayan aceptado la negociación con el presidente electo presentar demandas para combatir la medida, exigiendo otros derechos, con altas posibilidades ganarlas, y el daño al Estado que eso implica.

Por otra parte, el artículo 41 de la ley de adquisiciones prevé los supuestos en los que puede adjudicarse un contrato, y en esos no se incluye una propuesta como la que ha realizado el presidente electo a los proveedores de la obra del NAIM. Tal vez, podría alegarse que “existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados”, como dice la fracción III, pero una vez más, eso debe de estar debidamente motivado, ya que en caso contrario, la adjudicación puede ser impugnada.

Algunos pueden pensar que ningún gobierno al tomar una decisión se detiene ante los obstáculos, y es cierto, pero la clave siempre ha sido estirar el marco normativo para que se ajuste a sus actos, o modificarlo.

Por eso es que me resulta interesante ver cómo se van a llevar a la realidad los planteamientos del presidente electo.

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