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Categoría: Sergio Fonseca
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Acuerdo controversia constitucional

El diario Reforma publicó el pasado miércoles que el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y su gabinete buscan blindarse contra investigaciones penales del gobierno de Chihuahua en su contra.

“Buscan amparo…” decía la cabeza, para después señalar que “la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia una controversia constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales contra funcionarios federales”, entre otros actos reclamados al gobernador Javier Corral, a la Fiscalía General de Chihuahua y el Poder Judicial local.

Subrayaba la nota: “Es la primera vez que el Ejecutivo federal presenta una demanda de este tipo”.

Primero, habría que subrayar que no se trata de un juicio de amparo, sino de una controversia constitucional. La naturaleza de estos dos procesos judiciales es totalmente distinta.

El juicio de amparo es un instrumento principalmente de protección de los derechos humanos. Una autoridad o persona moral oficial puede promover un juicio de amparo únicamente cuando se afecten sus intereses patrimoniales, es decir, como un simple particular y en defensa de bienes del dominio privado. A todas luces ese no es el caso.

Como reconoce en el cuerpo la propia nota, se trata de una controversia constitucional. En este proceso se impugnan aquellos casos en los que un poder o autoridad realiza un acto o emite una disposición de carácter general, como una ley, un reglamento o un decreto, invadiendo las funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno, violando el sistema de distribución de competencias previsto por la Constitución.

Este proceso tiene la finalidad primordial de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución, por virtud de la cual la actuación de las autoridades debe ajustarse a lo que la carta magna establece. Si en una controversia constitucional se concluye que una autoridad emitió una disposición de carácter general, como una ley, ejerciendo facultades que le competen a otro poder o nivel de gobierno, la disposición impugnada podría declararse inválida y quedar sin efectos respecto de todas las personas, siempre y cuando, la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea aprobada por el voto de ocho o más de sus ministros.

Inclusive, son procesos regulados por dos leyes distintas: uno por la ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el otro por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El gobierno de Chihuahua dice que es una maniobra para conocer el contenido de las investigaciones en contra del titular del ejecutivo, pero eso tampoco es posible porque en la contestación lo que se exponen son hechos que implican los actos y/o actos legislativos que invaden la competencia federal.

La clave, tal vez, está en la suspensión. Tratándose de las controversias constitucionales, de oficio o a petición de parte se puede suspender la suspensión del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. Es decir, de concederse la suspensión, si es que procede, podrían quedar suspendidas las posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios y demás actos con los que se pretenda investigar en el ámbito local delitos cometidos por funcionarios federales, hasta que se resuelva la controversia constitucional.

Es una realidad que existe un conflicto de competencia en el caso Chihuahua ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que son delitos del orden federal los cometidos por un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones.

Pero especulemos. Dentro de 39 días Enrique Peña Nieto dejará de ser presidente de la República. Entonces podría pensarse que una vez que tome posesión el próximo gobierno podría desistirse de la demanda, pero en los casos en que se impugnan disposiciones de carácter general no es posible desistirse. Así que, insistimos, la clave está en la suspensión si la intención es evadir responsabilidades penales de funcionarios federales.

Pero habría que considerar que una vez resuelta la controversia constitucional, si se resuelve a favor del gobierno de Chihuahua, esa entidad podrá consignar sus casos y actuar en consecuencia. Pero de favorecer al gobierno federal, entonces serían las nuevas autoridades las que deberían investigar los hechos.

Si pensamos que se trata de una maniobra para evadir responsabilidad, la realidad es que no tiene futuro. Si lo hacen para ganar tiempo, eso objetivo es más exitoso.

Ya veremos qué sucede.

miabogadoenlinea.net

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