Dudas sobre la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana

Billetes mexicanos de distinta denominación

El pasado 11 de septiembre se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana con el objetivo de promover la austeridad y racionalidad en el gasto de todo el gobierno federal. De los distintos temas que aborda, hay dos que llaman la atención: las pensiones y los trabajadores por honorarios.

El artículo 3 establece que: “Todos los servidores públicos de la federación recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión…”

Este artículo, por un lado, implica que no se renovarán los distintos tipos de seguros que se otorgan como prestación en el gobierno federal, incluyendo organismos autónomos. La primera pregunta es si el ISSSTE o el IMSS tienen la capacidad para atender esa nueva demanda que se generará.

Adicionalmente, con esta disposición se cancelarían los acuerdos de subrogación que existen en diversas entidades paraestatales para que, como una prestación al personal de base, los servicios de salud se proporcionan a través de instituciones privadas. La aplicación de esta disposición violaría derechos adquiridos de los trabajadores.

Lo mismo sucede con los haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión. La mayoría de los organismos descentralizados y algunas dependencias presentan este tipo de planes de retiro especiales como parte de las condiciones generales de trabajo, y que constituyen derechos adquiridos de los trabajadores.

Casos destacados son los de CFE y PEMEX en los que los trabajadores se pueden jubilar a los cincuenta y cinco años, con pensiones que pueden ser del 100% de su último salario.

Simplemente, este año PEMEX destinó 63,873.9 millones de pesos para cubrir beneficios a 97,474 jubilados. En CFE, se destinaron 54,887.9 millones para cubrir los beneficios de 47,917 trabajadores jubilados.

En cuanto a los trabajadores por honorarios del gobierno federal, el artículo 4 señala que “… no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni se aumentarán sus dotaciones. La contratación de servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente justificados. Las contraprestaciones de dichos contratos no podrán ser diversas a las establecidas para los servidores públicos con iguales o similares responsabilidades. Los contratos garantizarán los derechos en materia de seguridad social y el respectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales”.

Los contratos por honorarios son una irregularidad porque es la manera en que las dependencias y entidades evaden la disposición de no crear más plazas. Al contratar personal a través de este tipo de contratos se supone que son prestadores de servicios profesionales independientes y no proporcionan servicios personales y subordinados.

Pero la realidad es que se trata de personal que está obligado a cumplir con las mismas responsabilidades y condiciones que el personal ordinario, por ejemplo, cumple con un horario y utiliza los equipos y herramientas de la dependencia o entidad. Pero el personal de honorarios no tiene los beneficios del personal ordinario, ya que no tienen derecho a aguinaldo, prima vacacional, seguridad social u otro tipo de prestaciones, lo que implica una menor carga económica para la dependencia o entidad que los contrata.

Además, también con estos contratos se pretende que no generen antigüedad y tampoco tengan algún tipo de seguridad en el empleo, ya que sus contratos son renovados anualmente.

En estricto sentido, los profesionistas no serían sujetos de aseguramiento porque no existe relación laboral y por lo tanto no se causan cuotas obrero-patronales, así que pretender garantizarles derechos en materia de seguridad social es una contradicción.

Concederles esos derechos llevaría a reconocer que es personal subordinado, que tienen derecho al resto de las prestaciones de ley que corresponden a cualquier trabajador, lo que llevaría a hacer lo que el propio artículo prohíbe, crear plazas adicionales.

La iniciativa aún no se discute, pero al parecer tienen mucho camino por recorrer antes de que sea ley vigente.

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