Interpretación del logo de la Fiscalía General

La semana pasada, el presidente electo se reunió con el presidente en funciones para sentar las bases para el proceso de transición de la administración pública federal con miras al inicio de la nueva administración el próximo 1 de diciembre. En esa reunión se acordó que el presidente Enrique Peña Nieto presente al Senado la terna propuesta por Andrés Manuel López Obrador de las personas candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República.

En la conferencia de prensa ofrecida por el presidente electo una vez concluida la reunión en Palacio Nacional, hizo referencia al procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 constitucional. En ese procedimiento el Senado propone al titular del ejecutivo al menos diez candidatos a Fiscal General. De esa lista el Ejecutivo propondrá al Senado una terna y, con base en esa terna y previa comparecencia de las personas propuestas, el Senado designará al Fiscal General.

Sin embargo, ese procedimiento en este momento no es el aplicable porque aún no existe la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

El artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 2014, en relación con la designación del titular de la Fiscalía General de la República, establece en la parte final del primer párrafo que las reformas sobre la citada Fiscalía “…entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias… necesarias…, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República”.

Esto se conoce como vacatio legis, esto es, el lapso que existe entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor.

Las normas secundarias, como una Ley Orgánica de la Fiscalía, no han entrado en vigor, ni siquiera han sido aprobadas, y no existe la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional.

En ese orden de ideas, el procedimiento para designar al Fiscal no está vigente, por lo que el apartado A del artículo 102 vigente desde 1995 y anterior a la reforma del 10 de febrero de 2014 continúa siendo aplicable, por lo que el titular del ejecutivo tiene la facultad de designar al Procurador General de la República, nombramiento que debe ser ratificado por el Senado.

Para que se pueda nombrar un Fiscal General el citado décimo sexto transitorio, establece que primero debe de aprobarse la legislación secundaria, el Congreso debe emitir la declaratoria de autonomía de la Fiscalía y después se inicia el procedimiento para la designación del Fiscal General. El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria, continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República.

Una vez que tomen posesión de su cargo los nuevos legisladores, seguramente presentarán y aprobarán las iniciativas que permita que nazca la Fiscalía General.

El tema se ha convertido en un problema desde el año pasado, cuando organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por el ambiente político, consideraron que se iba designar un fiscal a conveniencia del presidente actual y, desde entonces, han buscado que se designe alguien definido por la sociedad, sin carga política, por lo que inclusive están presionando para que se reforme completamente el apartado A del artículo 102 constitucional.

La realidad es que en todas las entidades de la República pese a los esfuerzos de las organizaciones civiles, el Fiscal General ha sido designado a conveniencia de los titulares del ejecutivo estatal y el Fiscal General federal no va a ser la excepción.

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