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Categoría: Sergio Fonseca
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Gran controversia ha implicado la designación del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que fue aprobado por una mayoría de votos y no por las dos terceras partes o mayoría calificada que establece la Constitución de la entidad.

Todo se dio en la sesión del 24 de julio en la que se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del Estado el dictamen en la que fueron necesarias cuatro votaciones y la interpretación de las disposiciones sobre el procedimiento de designación, para aprobar el nombramiento. Una interpretación muy libre que mínimo mueve a subir la ceja.

El artículo 67 de la Constitución del Estado señala específicamente que el Fiscal Especializado debe ser nombrado por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública. Una vez concluido el proceso establecido en la convocatoria, la propuesta será presentada al Pleno del Congreso del Estado para su votación. Esta votación se conoce como mayoría calificada.

El penúltimo párrafo de la fracción I, del citado artículo 67 señala que en caso de no obtener el voto aprobatorio de las dos terceras partes, se observará el procedimiento establecido en dicha convocatoria.

La Convocatoria Pública para nombrar al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, publicada en enero de este año, establecía en su base cuarta que la Comisión Permanente de Procuración de Justicia debía presentar una terna de candidatos al Pleno para su votación.

En el segundo párrafo señalaba que, en caso de que después de la votación ninguno de los integrantes de la terna obtuviera la mayoría calificada, se sometería nuevamente a votación a los dos aspirantes que hubiesen obtenido la más alta votación; en caso de que ninguno obtuviera la mayoría calificada, la Comisión debía presentar una segunda terna, en la que podían participar los aspirantes propuestos en la primera.

En la base sexta se señala que lo no previsto en la Convocatoria sería resuelto por la Comisión Permanente de Procuración de Justicia.

En este orden de ideas, en la sesión del Congreso veracruzano se presentó una terna compuesta por tres personas y ninguno obtuvo la llamada mayoría calificada. Se votó a los dos aspirantes con la votación más alta y ninguno obtuvo la llamada mayoría calificada.

La Comisión Permanente de Procuración de Justicia presentó una segunda terna y aquí empezaron los problemas, porque al existir la consigna de que uno de los propuestos tenía que ser el elegido, se manipularon las disposiciones. La convocatoria decía que se debía presentar una segunda terna y la Comisión optó por presentar la misma terna sólo para dar cumplimiento al procedimiento legal.

Y una vez más la terna no obtuvo la mayoría calificada.

Ante esta circunstancia, con el argumento de evitar una omisión legislativa y que el sistema estatal anticorrupción “… sea paralizado por presiones políticas externas…”, y con fundamento en la base sexta de la convocatoria, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia decidió presentar un dictamen en el que, literalmente, nombra al titular de la Fiscalía Especializada, mismo que fue aprobado por mayoría de votos.

Así, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia llevó a tal extremo su facultad de resolver lo no previsto en la convocatoria, que reescribió la constitución de la entidad, para hacer de lado la obligación de que el Fiscal Especial debe ser nombrado por una mayoría calificada de entre una terna, para designarlo de forma directa por una mayoría simple, violando el principio de legalidad.

Lo más probable es que este nombramiento sea anulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se designe a un nuevo fiscal especializado.

miabogadoenlinea.net

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