El discurso en contra del nuevo sistema penal acusatorio continúa, encabezada principalmente por los gobernadores de los estados, liderados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que es actualmente el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El argumento principal es que el sistema le abre la puerta a los “delincuentes” para obtener su libertad fácilmente.
Ya comentamos que un gran problema en el sistema es la falta de capacitación y de investigaciones adecuadas por parte de las policías y los ministerios públicos.
A la investigación se ha agregado un nuevo ingrediente que es la tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que aquellas personas cuyo proceso inició el sistema penal anterior, podrán optar por que se les apliquen las medidas cautelares del nuevo sistema penal acusatorio, es decir que podría decretarse que lleven su proceso en libertad y no en prisión preventiva, como hasta ahora.
Está nueva tesis ha sido suficiente para que se llegue a afirmar que en la Cd. de México quedarán libres más de 4,000 delincuentes.
Tal parece que los gobernadores y el jefe de gobierno consideran que todas las personas detenidas y que se encuentran sujetas a proceso son culpables. Es decir, adiós al principio de presunción de inocencia y el detenido es culpable hasta que se compruebe lo contrario.
Presuntos culpables se les llamaría en el documental lanzado en 2011 y que nos presenta el caso de un joven que fue acusado falsamente de homicidio, sentenciado por un testimonio inválido y sin evidencia física y que, finalmente, después de una apelación, recupera su libertad.
En ese documental se destaca que nueve de cada 10 personas están presas simplemente porque alguien los señaló y en el 40% de los casos los detenidos confesaron haber cometido los crímenes, muchas veces bajo alguna forma de tortura.
Adicionalmente muestra que las personas eran juzgadas sin un juez presente, se les acusaba sin evidencia física y mayoritariamente se les detenía sin órdenes de aprehensión, lo que llevó al país a tener cárceles sobrepobladas, en condiciones precarias, donde pueden dormir 15 personas en una celda de 20 metros cuadrados.
Además, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) destacó que 93% de los presos nunca vieron la orden de aprehensión; en el 94 por ciento de las detenciones las personas no fueron llevadas ante un juez sino a una agencia del Ministerio Público o a un módulo de policía. Sólo el 50% de los internos en los reclusorios del país fue informada de los motivos de su detención hasta llegar a la agencia del Ministerio Público y 10 por ciento en el reclusorio. De los detenidos, 72 por ciento no fue informado de su derecho a no declarar y en 70 por ciento de los casos, ni siquiera se les dijo que podían realizar una llamada telefónica. La mitad de los internos no contó con un abogado en el momento de la declaración.
Eso fue lo que reveló el documental. Cómo saber si en los 4,000 o más casos a que aluden los titulares de los ejecutivos locales, no corresponden a las estadísticas y son más presuntos culpables.
Pareciera que lo que quieren es meter reversa y que las cosas sigan igual.
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