Logos de Cabify y Uber

En los aeropuertos de Mérida, Chihuahua, Aguascalientes, la Ciudad de México, entre otros, han sido retenidos vehículos y se han dado enfrentamientos entre operadores de Uber y taxistas autorizados, por la operación del servicio de transporte a través de plataformas electrónicas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dió luz verde para que los estados regulen en cada entidad la operación de este servicio de transporte, con un tratamiento diferenciado al ser un servicio distinto al que brindan los taxis convencionales, pero en materia federal aún no están regulados.

Esa falta de regulación ha generado conflictos y enfrentamientos y la policía federal, en distintos aeropuertos del país, ha retirado vehículos afiliados a Uber, sancionándolos con una multa de 35,000 pesos a los operadores y enviando los autos al corralón, al brindar el servicio de transporte en la zona federal sin contar con el permiso correspondiente.

La transportación terrestre de pasajeros de y hacia los puertos marítimos y aeropuertos actualmente se encuentra regulada en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su desarrollo depende de la obtención de un permiso conforme al artículo 8, fracción I de la Ley.

Entre otros requisitos para obtener este permiso se requiere contar con una póliza de seguro contra daños a terceros, un seguro de viajero, asimismo asegurar el equipaje. Además, el auto debe ser del último modelo fabricado en el año en que ingrese a la operación con límite en operación de cinco años, contados a partir de la obtención del permiso, dotado de aire acondicionado y sonido ambiental; y estarán sujetos a la verificación técnica de SCT, así como a la inspección y vigilancia por parte de esta Secretaría.

Los permisionarios pueden determinar libremente las tarifas y sus modificaciones sin que se requiere autorización, pero deben notificarlas a la autoridad antes de aplicarlas.

Además, los conductores deben contar con licencia de manejo federal, expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que exige la realización de un examen médico y certificado de actitud psicofísica cada dos años.; deben aprobar cursos de capacitación y actualización de conocimientos técnicos y prácticos con vehículos y simuladores; los permisionarios tienen la obligación de proporcionar a sus conductores capacitación y adiestramiento.

Un aspecto relevante es que los conductores y los permisionarios son responsables solidarios de cubrir los daños causados por los primeros.

Además, los permisionarios deben celebrar convenios con los administradores de los aeropuertos para tener una terminal de origen, es decir una base en las inmediaciones del aeropuerto.

Con ninguno de estos requisitos cumplen los operadores afiliados a Uber y servicios semejantes, por lo que su operación en los aeropuertos es irregular.

Actualmente existe una iniciativa para regular la operación de empresas de redes de transporte de pasajeros basadas en aplicaciones informáticas, pero se centra sólo en regular a estas empresas, omitiendo regular a los operadores, lo que los coloca en una ventaja sobre los permisionarios de taxis que vienen operando en el aeropuerto, especialmente en relación con la obligación de contar con los diversos seguros, lo que deja desprotegido al usuario y se convierte en una competencia desleal.

Los estados ya están regulando este servicio, ahora el turno ahora toca a la federación, pero debe hacerse regulando no sólo a las empresas sino también a los operadores que brindan el servicio usando a través de aplicaciones o desregulando a los permisionarios actuales.

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