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Categoría: Sergio Fonseca
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Constitución mexicna

En una reciente entrevista, un destacado político afirmó que conforme al artículo 108 de la Constitución mexicana un ex presidente no puede ser juzgado en México, por lo que se requiere de una reforma para proceder en su contra. Se trata de una afirmación que es falsa.

El artículo 108 constitucional establece en su segundo párrafo que el Presidente de la República “… durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Este régimen de excepción sólo es aplicable mientras el presidente se encuentre en su encargo y no existe disposición en la Constitución que prevea que  pueda extenderse una vez concluido el cargo.

Incluso, el artículo 114 constitucional establece en su segundo párrafo que “La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años…”

Por lo que se refiere a la legislación secundaria tampoco existe ninguna disposición que establezca alguna excepción para juzgar por la comisión de algún delito a las personas que hayan ocupado la titularidad del poder ejecutivo federal.

Así, se puede concluir que un ex presidente sí puede ser juzgado por las presuntas conductas ilícitas que cometa. Y existe un antecedente sobre este tema. El juicio por genocidio al que fue sometido Luis Echeverría Álvarez, que gobernó nuestro país de 1970 a 1976, por la matanza del 10 de junio de 1971, conocida como El Halconazo o Jueves de Corpus. No nos referimos al caso del 68, ya que eso sucedió cuando era secretario de gobernación.

La extinta Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de la Procuraduría General de la República promovió un proceso penal en contra del ex presidente por estos hechos acusándole de genocidio.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para definir si para el ex presidente Luis Echeverría Álvarez y su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, había prescrito el delito de genocidio. El máximo tribunal concluyó que para ellos el plazo de prescripción de 30 años para este delito comenzó a correr el primero de diciembre de 1976, es decir, cuando ambos funcionarios perdieron el fuero.

El proceso concluyó cuando el Quinto Tribunal Unitario del Distrito Federal, negó las órdenes de aprehensión en contra de ambos inculpados, tras considerar que la Fiscalía Especial no acreditó que la matanza del 10 de junio de 1971 fuese un acto de genocidio.

La defensa, por su parte, alegó que el día de los hechos hubo un ''enfrentamiento'' en el Distrito Federal entre decenas de estudiantes y unos 150 miembros del grupo Los Halcones, lo que dejó como resultado 12 muertos y 23 lesionados, según el reporte oficial, por lo que no se cumplió con el tipo previsto en el artículo 149 Bis del Código Penal Federal.

Así, este proceso histórico es prueba de que un expresidente sí puede ser juzgado, cualquiera que sea el delito que haya cometido durante su mandato.

miabogadoenlinea.net

 

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