Bandera de México

Legislar en materia de seguridad nacional es un tema que apenas en este siglo se empieza a abordar y siempre ha sido problemático para nuestro país como las iniciativas de Ley de Seguridad Interior lo demuestran.

Hasta agosto de 1985, cuando el Ejecutivo federal crea la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), la cual opera hasta 1989, para establecer posteriormente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), es que el concepto de seguridad nacional aparece en nuestro país.

Pero no fue sino 16 años después,  el 8 de noviembre de 2001, cuando se presentó la primera iniciativa para incluir el tema en la Constitución, impulsada por el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York en Estados Unidos, que había ocurrido dos meses antes.

Tuvieron que pasar poco más de dos años, para que el 5 de abril de 2004 se publicarán las reformas al artículo 73 y 89, que introducen por primera vez el tema de seguridad nacional. Así la fracción XXIX del artículo 73 faculta al Congreso “Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”; y el 89 fracción VI, otorga facultades al presidente para “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.”.

El 30 de octubre de 2003, mientras los congreso locales aprobaban la reforma constitucional, se presentó la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, la cual fue publicada en el Diario Oficial casi dos años después, el 31 de enero de 2005.

Bajo este marco, fue que el 11 de diciembre de 2006 se inició el combate frontal de las fuerzas armadas en contra del narcotráfico, con el Operativo Conjunto Michoacán, viniendo después los operativos conjuntos en otros estados, y que continúan al día de hoy.

Cuatro años después de promulgada la Ley de Seguridad Nacional, y con la experiencia de tres años, el 23 de abril de 2009 se presentó en el Senado una iniciativa para reformar la ley, misma que fue aprobada por esa Cámara un año después, el 27 de abril de 2010.

En estas reformas se establecía que las Fuerzas Armadas sólo participarán en algún estado, delegación o municipio previa petición de los congresos locales, gobernadores o el jefe del gobierno capitalino para que se declare la existencia de una afectación a la seguridad interior.

Asimismo, se incluía en el artículo 3 fracción IV, la definición de seguridad interior, entendida como “La condición de estabilidad interna, paz y orden público que permite a la población su constante mejoramiento y desarrollo económico, social y cultural; y cuya garantía es una función que está a cargo de los tres órdenes de gobierno”.

Pero al llegar a la Cámara de Diputados las reformas a la Ley de Seguridad Nacional no caminaron, ya que regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, generó gran oposición. Ya llevan siete años en la congeladora.

Ahora, después de que el Ejercito presionó para que se regulara su marco de actuación en auxilio de la autoridad civil, se ha presentado una iniciativa en la Cámara de Diputados y dos en la Cámara de Senadores para la creación de una Ley de Seguridad Interior, que intentan regular, una vez más, la participación de las fuerzas armadas en temas de combate a la delincuencia.

Pero otra vez la legislación se ha topado con las críticas de las ONG que se oponen a la legislación, ya que afirman se trata de regular algo que es irregular. Pero el hecho es que, al día de hoy y por la razón que sea,  las fuerzas civiles no cuentan con la capacidad suficiente para hacer frente al crimen organizado.

Las fuerzas armadas participan en el combate al crimen organizado por lo menos desde la década de los 80. Actualmente se actuación se sustenta en cuatro tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considera su participación en auxilio de las autoridades civiles en el combate a la delincuencia como constitucional. Ésta se vio fortalecida en 2005 al ejercer el Ejecutivo federal su facultad para “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente …  para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

De no aprobarse una Ley de Seguridad Interior, esta seguirá siendo la base de su actuación, y nada habrá cambiado.

Me surge una duda, ¿por qué el Ejecutivo Federal, en su carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y en ejercicio de su facultad reglamentaria no establece un marco que brinde cierta seguridad jurídica para la actuación de las Fuerzas Armadas? Nada se lo impide. Y al menos eso sería un avance.

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