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Categoría: Sergio Fonseca
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La impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte del consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, a las medidas de austeridad implementadas por la Junta General Ejecutiva que decidió reducir los salarios de altos funcionarios en 10 por ciento como medida de austeridad, ha puesto una vez más sobre la mesa el tema de la remuneración de los servidores públicos.

En Notas al Margen hemos venido analizando el marco jurídico de los sueldos y salarios de los servidores públicos en la administración pública federal, y esta impugnación nos permite retomar el tema.

Ya hemos visto que los sueldos y salarios de los servidores públicos de la Federación, ya sea como parte de los tres poderes de la Unión, o como parte de los organismos autónomos constitucionales, son aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y se detallan en su anexo 23 y sub incisos y el Tomo IX "Analítico de Plazas y Remuneraciones" de dicho presupuesto.

Lo anterior atendiendo a lo previsto en el artículo 127 constitucional, que establece en su primer párrafo que la remuneración de los servidores públicos en general “será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos”. Esto aplica para el personal del gobierno federal los gobiernos estatales municipales, organismos autónomos, etcétera.

Asimismo, la propia Constitución establece en su artículo 75 que la Cámara de Diputados no puede dejar de señalar una retribución, y si se omite, se aplica la del Presupuesto de Egresos anterior, mientras que el artículo 126 señala que no podrá hacerse pago alguno que no esté previsto en el presupuesto.

Ahora bien, como medidas de protección a esa remuneración, el propio artículo 127 establece que la “…. remuneración (de los servidores públicos será) adecuada e irrenunciable”, aunado a que el artículo 123, apartado B, fracción IV señala que “Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley”.

Exactamente a estas últimas disposiciones es a las que Nacif hace principalmente referencia en su demanda, ya que la reducción aprobada por la Junta, vendría a modificar el PEF. Veamos por qué.

Dice el artículo 17 del PEF: “Las remuneraciones autorizadas a los servidores públicos de la Federación se detallan en el Anexo 23 de este Decreto y en el Tomo IX de este Presupuesto de Egresos…”

En el ANEXO 23.8.3.A., se establece la remuneración total anual del Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del INE. En el Tomo IX, encontramos esa misma remuneración. En ambos casos se incluyen sueldos y salarios y prestaciones.

El INE publicó el pasado 1 de febrero el Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de Mando del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2017, cambió los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias mensuales netas para los servidores públicos de mando y homólogos del INE, reduciendo con ello el monto de los sueldos y salarios de los consejeros electorales y otros funcionarios, por lo que esos montos ya no coinciden con lo aprobado por la Cámara de Diputados en el Anexo 23.8.3.A y el Tomo IX del PEF.

En la ejecutoria del Amparo Directo en revisión 1237/2014, relacionada con el Presupuesto de Egresos y los Manuales de Percepciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte estableció que del párrafo segundo del artículo 127 constitucional, “… se desprende que las remuneraciones para los servidores públicos será fijada en los presupuestos; siendo ésta, una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, el aprobar el citado presupuesto en términos del diverso artículo 74, fracción IV, constitucional, motivo por el cual, no puede arribarse a la conclusión... en el sentido de que las normas impugnadas permiten a la dependencias que sean ellas las que fijen las remuneraciones de los servidores públicos, bien sea en su incremento o disminución, toda vez que las normas contenidas en el presupuesto de egresos combatido, se limitan autorizar la expedición de los manuales de percepciones para instrumentar y planificar como ha de distribuirse la integración salarial en términos del proceso presupuestario”.

Así, aunque el consejero presidente alega autonomía, pareciera que el doctor Nacif, tiene razón: las remuneraciones son aprobadas por la Cámara de Diputados en el PEF, son irrenunciables, y no pueden reducirse durante la vigencia del PEF. El argumento se podría extender a otras pretendidas reducciones a la remuneración de los servidores públicos de la Federación.

Insisto, a pesar de la abundancia de críticas a los altos salarios en la administración pública, no recuerdo que al analizar el PEF algún partido haya alguna vez hecho referencia a los tabuladores que aparecen en el Presupuesto de Egresos o al Tomo IX, proponiendo modificaciones a los mismos.

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