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La tragedia de Monterrey ha puesto otra vez en tela de juicio el abuso de la libertad de expresión de algunos medios de comunicación, que no tuvieron ningún reparo en publicar o transmitir las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del Colegio Americano del Noreste cuando ocurrió el lamentable incidente.

Un periodista escribía que la libertad de expresión exige responsabilidad de quienes la ejercen y que los límites los fija la escala de valores personales, y tienen razón, pero también encuentra límites en la ley, como es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta Ley establece en el Capítulo Décimo Séptimo, Del Derecho a la Intimidad, diversas medidas para proteger este derecho de los menores. Así se establece que “…no podrán ser objeto… divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación”.

Se considera una violación a su intimidad el “manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez”.

La Ley impone a los medios la responsabilidad de asegurarse que “las imágenes, voz o datos a difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos…, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones aplicables”.

 La divulgación y difusión de las imágenes en las que aparecen los menores heridos y el video de seguridad viola sin lugar a dudas esta disposición, por lo que los padres pueden iniciar acciones civiles por daño moral o se esperaría que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad lo hiciera de oficio o en representación sustituta.

Además, las autoridades de Nuevo León, también faltaron a su obligación de proteger la identidad e intimidad de las menores víctimas, ofendidos, testigos o de quienes estén relacionados con el incidente y, también del responsable, que goza de la misma protección de ley.

Estas disposiciones también están reflejadas en la legislación estatal en la materia.

Algunos en Twitter afirmaban que el no difundir el video era censura. No, es respetar la ley, pero los medios de comunicación de unos años para acá se han convertido en medios que viven del escándalo, como aquel viejo diario ¡Alarma!, y no les importa si con eso se viola el estado de derecho que tanto piden que se respete.

Esto no puede quedar en un usted disculpe. La autoridad debe de iniciar las acciones civiles que correspondan y promover la sanción penal de quien sustrajo y entregó a los medios el video y las imágenes, actos que también constituyen un delito. Al menos así ya lo anunció el DIF local y y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León. Veremos si cumplen.

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