Birrete y mazo

Desde hace algunas semanas los senadores del PRD han promovido la renuncia de su fracción parlamentaria al fuero constitucional previsto en el artículo 111 de la Constitución Política, sin embargo todo podría quedar en ruido y show mediático ya que existen antecedentes en la Suprema corte de Justicia que establecen que esta protección es irrenunciable.

Lo que conocemos como fuero constitucional se identifica en la constitución como “inmunidad procesal”, y establece que para juzgar a los altos funcionarios del Estado por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados deberá resolver si es procedente el proceso penal.

Desde finales del mes de septiembre los senadores presentaron una carta a la Mesa Directiva de la Cámara Alta en donde expresaron su renuncia son base en los artículos 1, 8, 24, 41 y 133 de la Constitución, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Miguel Ángel Barbosa Huerta, líder de la bancada apuntó que después de analizar la solicitud de los senadores del PRD, la Mesa Directiva del Senado emitirá un acuerdo y “en caso de que se niegue, que se otorgue un acuerdo negando la procedencia de nuestra solicitud, acudiremos en litigio estratégico, en juicio de amparo, primero ante un Juzgado de Distrito en apelación o amparo directo ante tribunales colegiados de circuito, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Efectivamente la Mesa Directiva desecho la solicitud por lo que los legisladores han presentado un amparo contra esta decisión con la pretensión de llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, existen algunos antecedentes sobre el tema antes de que se reformara la constitución en 1982. Anteriormente el fuero constitucional estaba previsto en el artículo 109 "Si el delito (materia de la incriminación) fuere común, la Cámara de Diputados, erigida en Gran Jurado, declarará por mayoría absoluta de votos del número total de miembros que la forman, si ha, o no, lugar a proceder contra el acusado ... En caso afirmativo, el acusado queda, por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto desde luego a la acción de los tribunales comunes”.

La Suprema Corte analizó tres casos y en los mismos concluyó que “el fuero tiende a proteger la independencia y autonomía de un Poder frente a los otros Poderes del Estado y lejos de revestir de impunidad a quien lo disfruta, condiciona tan sólo la intervención de otras jurisdicciones, a la satisfacción de determinados presupuestos, cuya ausencia las obliga a no enjuiciar a un miembro funcionario de la Cámara, sin el consentimiento de la asamblea”.

Se consideró esta prerrogativa esencial para la subsistencia del Poder Legislativo y mantener su independencia y “… los sujetos particulares que lo integran, resultan beneficiados, pero no porque se conceda a cada uno de ellos particularmente ninguna tutela, se benefician por ser parte y como consecuencia del beneficio común”. Es decir, es un beneficio del poder legislativo para no ser privado arbitrariamente de uno de sus miembros, no del individuo en particular.

Asimismo se señala que en consecuencia si no es “renunciable el fuero o prerrogativa menos aún puede aceptarse que se suspenda o concluya por licencia”.

Como señale, las tesis nacen de tres amparos que se otorgaron en 1946, relacionados con el proceso de desafuero de Carlos Madrazo y otros. Aunque el marco constitucional cambio, puede ser que el criterio prevalezca, en coincidencia con el criterio de la Suprema Corte actual, de que el fuero no se pierde o concluye por licencia.

Ya veremos que sucede, pero resulta un poco absurdo que los legisladores acudan a lo que se denomina “litigio estratégico” para obtener una resolución judicial, cuando en ellos pueden cambiar el texto constitucional, más aun si en un periodo de seis años se han presentado cuando menos tres iniciativa sobre el tema. Pero es mejor hacer show.


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