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Categoría: Sergio Fonseca
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Como dice el periodista José Fonseca, el excesivo tiempo que pasa entre una elección y la toma de posesión del gobernador electo, genera vacíos de poder que generan inseguridad, pero no sólo eso, sino que paralizan a la administración de la entidad, que no se atreve a tomar decisiones.

Un ejemplo es la crisis que en el transporte se vive en Veracruz, o al menos en Veracruz, Boca del Rio, Orizaba y Córdoba, en donde de forma unilateral los transportistas decidieron aumentar el pasaje de personas de la tercera edad y estudiantes a siete pesos.

Esta decisión de los concesionarios del transporte de pasajeros ha provocado roces entre algunos estudiantes y personas de la tercera edad y estudiantes con los choferes, que en algunos casos ha pasado de la violencia verbal a la violencia física o  amenazas.

Tristemente la oposición de los pasajeros al aumento de tarifa es minoritaria porque, tal vez por ignorancia o pasividad, desgraciadamente la modificación ha sido aceptada por la gran mayoría.

El argumento es que “la crisis económica y el aumento de las refacciones, el diésel y el dólar” los ha obligado a aumentar la tarifa, que califican como subsidio a estos sectores de la población.

Se entendería que los transportistas gozarán de cierta libertad para modificar la tarifa y que los ciudadanos la aceptarán sin chistar, si se tratara de un servicio de transporte de pasajeros particular, pero es un servicio público, por lo que están obligados a obedecer la ley y su reglamento.

La Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave fue derogada el pasado 13 de abril de 2015 en todo lo que se refiere al tránsito, quedando vigente únicamente el Título Tercero sobre el transporte. Por cierto, se hizo la promesa de emitir una nueva ley de tránsito en este año, pero ni sus luces.

El artículo 139 de la mencionada ley establece que “el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, fijará, revisará y, en su caso, modificará las tarifas, conforme a las cuales se prestará el servicio de transporte público de pasajeros”.

Para fijar las tarifas se toma en consideración la inflación de cada año, “los gastos de amortización, conservación y explotación, el monto de los fondos de reserva y una utilidad justa y adecuada sobre el capital invertido, de conformidad con las condiciones socioeconómicas de los usuarios a quienes está destinado el servicio” y que esas tarifas permitan que el servicio se preste en condiciones de calidad, seguridad, oportunidad, permanencia y continuidad”.

Con estos elementos, la tarifa máxima debió haber aumentado 50 centavos y pasar de 5.50 a 6 pesos, pero el problema es que desde el año pasado, por sus pistolas, los transportistas habían aumentado ya la tarifa especial a 6 pesos, y ahora buscan un nuevo incremento ilegal.

Y es que el caminito ya lo conocen los concesionarios y permisionarios: Aumentan ilegalmente el precio, los estudiantes protestan, se sientan a negociar con el gobierno del estado y obtienen un aumento menor al que pretenden, pero un aumento, si esto no funciona pasan a las manifestaciones callejeras o a la suspensión del servicio en casos extremos, confiando siempre en su importancia estratégica y su capacidad de resistencia.

Mientras, la autoridad hace como que sanciona deteniendo unidades y aplicando multas, cuando el propio Reglamento establece que alterar las tarifas es causa para suspender la concesión o el permiso hasta por tres meses, y el reincidente pierde la concesión o el permiso.

Los transportistas, por supuesto, hacen las promesas de siempre: mejoramiento del servicio la modernización del transporte, y la autoridad advierte que de no respetarse los acuerdos se aplicará todo el peso de la ley.

Pero al final las cosas seguirán igual, pero con una tarifa más elevada, con unidades cada vez más viejas e inseguras, sucias, con hoyos en el piso, puertas caídas, vidrios rotos, sin ventanas a temperaturas superiores a los 35° centígrados, o con ventanas pero que no abren, sin salidas de emergencia o con esas salidas bloqueadas, llantas lisas, frenos casi inútiles, asientos hechizos, etcétera.

Esta es una historia que en Veracruz ya se vivió en abril de 2014 y ahora vuelven a aplicarla.

Por cierto, en Veracruz se oficializó con una reforma que las unidades no deben tener más de quince años de antigüedad independientemente de que las unidades no se encuentren en condiciones de prestar el servicio con seguridad y comodidad para los usuarios.

Con el nuevo marco legal, es posible promover un amparo en contra de la falta de supervisión de las autoridades y los aumentos ilegales o sin atender el procedimiento de ley, pero hasta el momento no ha surgido ningún movimiento en ese sentido, dejando sólo al puñado de estudiantes que se ha opuesto a este aumento.

Pero lo más lamentable de todo esto es ver como, de forma pasiva, la gran mayoría de los usuarios del transporte pagan la ilegal tarifa sin ningún aspaviento. Bien dice el refrán: El que por su gusto es buey hasta la coyunda lame.


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