Después de ocho años, el próximo catorce de junio, deberá estar en vigor en todo el país el nuevo sistema penal acusatorio, y los gobiernos estatales, como en el caso de Nuevo León, se han dado cuenta de que el eslabón más débil del sistema es la policía.

En esta entidad han surgido quejas por la liberación de presuntos delincuentes. Inclusive el mandatario de Nuevo León ha llegado a declarar: “La Policía detiene, la Policía consigna al Ministerio Público y el Ministerio Público al juez y el juez libera. Con este nuevo proceso penal acusatorio estamos teniendo muchos problemas”.

Por su parte, Carlos Arenas Bátiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, y también titular del Consejo de la Judicatura aclaró que el nuevo Sistema Penal Acusatorio no es causa de que los delincuentes sean liberados en cuestión de días. El magistrado señaló que la apreciación de que los jueces dejan en libertad a los delincuentes menores es equivocada.

Para el magistrado el problema es la falta de comunicación, el desconocimiento y la falta de capacitación de los policías y las autoridades sobre el nuevo sistema penal acusatorio.

Bajo el nuevo texto del artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, aunque éstas aun deben actuar “bajo la conducción y mando de aquél”.

En este contexto, Isabel Maldonado, autora del libro "La Policia en el Sistema Penal Acusatorio”, destaca en su obra la trascendencia de la capacitación y construcción de una nueva policía investigadora en nuestro país, que deberá estar preparada en el ejercicio de la investigación científica del delito, en la forma de preservar el lugar de los hechos, en el manejo de evidencias y en la conformación de la cadena de custodia.

Ante el nuevo paradigma que implica el nuevo sistema penal acusatorio, los expertos destacaron durante estos ocho años que la policía de investigación debía de ser capaz de realizar diligencias de investigación bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, detener personas, preservar el lugar de los hechos, procesar y trasladar indicios y personas respetando la cadena de custodia, prestar auxilio y protección a víctimas, ofendidos o testigos del delito, emitir los informes correspondientes, comparecer a audiencias cuando se le requiera y solicitar al Ministerio Público que promueva acciones que ayuden a la investigación, cuidando siempre la protección y el respeto a los derechos humanos.

Este perfil no se diferencia mucho de la participación que debe tener la policía preventiva, que por lo general es quien conoce de primera mano sobre la comisión de un delito, quien deberá recibir denuncias, proteger a la víctima, evitar que la conducta delictiva continúe utilizando las nuevas técnicas de la función policial y en su caso un uso legítimo y racional de la fuerza, detener al probable responsable en caso de delito flagrante, preservar y proteger el lugar de los hechos, procesar y trasladar indicios y persona respetando la cadena de custodia, ubicar y entrevistar a los testigos de los hechos y comparecer a audiencias.

Pero ante el obscuro panorama sobre la profesionalización de la policía, los errores de investigación y al consignar los casos, que parecen ser una constante, el objetivo se ve muy lejos todavía.

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