En junio de 2008 se reformó la Constitución Política en nuestro país para establecer el nuevo sistema penal acusatorio, mismo que deberá estar en funcionamiento en todo el país en junio de 2016.

 

Al día de hoy sólo los estados de Chihuahua, Estado de México y Morelos presentan un avance del cien por ciento, aplicando el nuevo sistema en toda la entidad y para todos los delitos. Parcialmente el sistema opera en Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas.

 

El resto de las entidades aun no han aprobado sus Códigos de Procedimientos Penales para implmentar el sistema penal acusatorio y tampoco ha hecho nada al respecto el gobierno federal.

 

Los esfuerzos que han trascendido para implementar en nuevo sistema de justicia penal han sido los enfocados al Poder Judicial y al proceso, pero existe poca o escasa información sobre la capacitación a las policías ante el nuevo papel que jugarán, sobre todo a la luz de los incidentes que se han presentado en Coahuila con la desaparición del cuerpo de Héctor Lazcano y las dudas que existen sobre su necropsia o el caso del asesino de José Eduardo Moreira Rodríguez que fue liberado bajo causión en virtud de una nula investigación y una mala consignación, lo que nos hace cuestionarnos sobre el panorama que le espera al país dentro de cuatro años.

 

En el sistema penal anterior el Ministerio Público tenía la facultad de investigar y perseguir los delitos, y la policía era su auxiliar, estando bajo su autoridad y mando inmediato.  Bajo el nuevo texto del artículo 21 constitucional, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, aunque éstas aun deben actuar “bajo la conducción y mando de aquél”.

 

En un futuro, como señala Álvaro Vizcaíno Zamora, “cuando el sistema de justicia penal acusatorio mexicano madure, y cuando tengamos una mejor policía, llegará el momento en que la Constitución mexicana atribuya totalmente la investigación a las policías, mientras que la persecución penal deberá quedar a cargo del ministerio público, quien deberá concentrarse exclusivamente en ganar los casos que decida llevar a los tribunales… conforme a los perfiles y competencias profesionales de cada operador del sistema de justicia”.

 

Pero mientras llegamos a ese punto, en palabras de Isabel Maldonado, autora del libro "La Policia en el Sistema Penal Acusatorio, resulta trascendental la capacitación y construcción de una nueva policía investigadora en nuestro país, que deberá capacitarse en el ejercicio de la investigación científica del delito, en la forma de preservar el lugar de los hechos, en el manejo de evidencias y en la conformación de la cadena de custodia.

 

Con este fin la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, SETEC, ha creado un programa de capacitación para la policía de investigación a fin de que el egresado del mismo sea “capaz de realizar diligencias de investigación bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, detener personas, preservar el lugar de los hechos, procesar y trasladar indicios respetando la cadena de custodia, prestar auxilio y protección a víctimas, ofendidos o testigos del delito, emitir los informes correspondientes, comparecer a audiencias cuando se le requiera y solicitar al Ministerio Público que promueva acciones que ayuden a la investigación, cuidando siempre la protección y el respeto a los derechos humanos”.

 

Así, además de recibir capacitación sobre el nuevo sistema penal acusatorio y derechos humanos, el policía de investigación es capacitado en la búsqueda y localización de indicios,  cadena de custodia y realización de entrevistas.

 

Pero este perfil no se diferencia mucho de la participación que debe tener la policía preventiva, que por lo general es quien conoce de primera mano sobre la comisión de un delito, en el nuevo sistema penal acusatorio. Según la SETEC, la policía preventiva deberá recibir denuncias, proteger a la víctima, evitar que la conducta delictiva continúe utilizando las nuevas técnicas de la función policial y en su caso un uso legítimo y racional de la fuerza, detener al probable responsable en caso de delito flagrante, ubicar y entrevistar a los testigos de los hechos, preservar y proteger el lugar de los hechos y comparecer a audiencias.

 

Por eso la capacitación que actualmente recibe la policía ministerial o investigadora sólo es útil para este periodo de transición, pero no para contar en el 2016 con una policía profesional como se desprende del párrafo 8 del artículo 21 de la Constitución, que lleve a cabo una investigación científica del delito.

 

Hagamos una comparación con Chile, país que desde 1933 cuenta formalmente con una policía investigadora, abordando la función desde un aspecto científico. La Ley Nº 2460 que estableció la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, en su artículo 1º establece que “La Policía de Investigaciones es una institución de carácter profesional, técnico y científico…”.

 

En 1998 a la Escuela de Investigaciones Policiales (ESCIPOL) y la Academia Superior de Estudios Policiales se les reconoció la facultad de otorgar títulos profesionales y grados académicos. En la ESCIPOL la carrera dura tres años con uno de práctica profesional y el programa de estudios es público, observándose que cursan materias como Criminología, Criminalística, Medicina Criminalística, Seguridad Personal e Institucional, Defensa Personal, Manejo de Armas y Tiro Policial, Planificación de Operaciones Policiales, Metodología de la Investigación Policial, Derecho, Inglés, Francés, entre otras

 

En nuestro país son contados los estados de la República en donde existen licenciaturas policiales, ejemplos de ello son Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo y Baja California. En algunos casos puede ingresar cualquier interesado y en otros están orientadas a preparar al personal que actualmente forma parte de alguna corporación. En otros estados han optado por aplicar diplomados o cursos de capacitación a egresados de otras licenciaturas, para reclutarlos como nuevos policías investigadores. Al realizar este artículo no fue posible revisar la tira de materias de las licenciaturas porque estas no están disponibles en las distintas páginas.

 

Respecto a los servicios periciales, que son una herramienta de la investigación científica de los delitos, los esfuerzos por su modernización a excepción del nivel federal, son casi inexistentes.

 

Para Álvaro Vizcaíno Zamora, el nuevo modelo de justicia requiere de una total y absoluta división y especialización de funciones. En esta especialización la policía debe dedicarse exclusivamente a investigar el delito y su investigación debe estar basada en la ciencia, en la criminalística, en la comparación automatizada, de huellas digitales, de balística, de rostros, de matrículas de vehículos, de personal, de voz, de registros biométricos, de genética, y en el adecuado manejo y preservación de las evidencias y datos de prueba.

 

Pero ante el obscuro panorama sobre la profesionalización de la policía, los errores de investigación y al consignar los casos, que parecen ser una constante, el objetivo se ve muy lejos todavía. En este momento deberían estar iniciando una licenciatura policial quienes serán la nueva la policía de investigación en el 2016, pero ese no es el caso en gran parte del país y no se ve que exista la intención de acelerar el paso.

 

La pregunta es ¿los cuerpos de seguridad tanto federal como estatales e inclusive municipales estarán capacitados para cumplir el papel que les corresponderá en el nuevo sistema de justicia penal vigente a partir de 2016?

 

Tal vez deberíamos considerar que las fuerzas armadas por lo menos reciban una capacitación adecuada para poder cumplir con las funciones que el nuevo sistema de justicia penal encomienda a la policía preventiva, porque ante esta perspectiva difícilmente regresarán a sus cuarteles.

 

 

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