COVID-19

 

Eric Schmitt, fiscal del estado de Misuri, Estados Unidos, presentó una demanda en contra de varios funcionarios del gobierno de China por las malas decisiones políticas respecto del tratamiento del coronavirus, alegando que eso afectó directamente a los Estados Unidos y por ello pide una compensación.

Se trata de una demanda que no es factible que prospere, en principio, porque conducir la política internacional corresponde al gobierno federal y al Congreso de los Estados Unidos. Esto entre otras razones.

El fiscal Schmitt acusa al gobierno de China, al partido Comunista y a otras instituciones de estado de “violación de sus obligaciones a la comunidad internacional” de cuatro formas principales: (1) Encubriendo la información sobre el brote, incluidas negaciones del riesgo del contacto de persona a persona; (2) El arresto del médico oftalmólogo que dio la noticia sobre la nueva enfermedad y de otros profesionales de la medicina; (3) Medidas inadecuadas para contener el contagio; y, (4) El acaparamiento de equipo de protección personal exportando equipo defectuoso.

Además de que la materia internacional está reservada a la Federación en su mayoría, existe otro obstáculo a esta demanda y es la vigencia de la Foreign Sovereign Immunities Act, (Ley de Inmunidad Soberana Extranjera).

La inmunidad soberana es un principio de Derecho Internacional, que establece que un Estado soberano no puede ser sometido a la jurisdicción de otro estado, por lo que sus actos no pueden ser materia de un procedimiento judicial ni ser embargados o ejecutados sus bienes sin su consentimiento.

La teoría que prevalece en Estados Unidos es la teoría restrictiva, es decir, que el Estado soberano, solo tiene inmunidad cuando se trata de actos soberanos o de derecho público, y ésta no existe cuando se trata de actos comerciales o de derecho privado.

Este principio está contenido en una decisión de 2018 de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito: “Todo Estado soberano está obligado a respetar la independencia de todos los demás Estados soberanos, y los tribunales de un país no se pronunciarán sobre los actos del gobierno de otro que se realicen dentro de su propio territorio. . . la doctrina prohíbe las demandas donde (1) se realiza un acto oficial de un soberano extranjero dentro de su propio territorio; y (2) la reparación solicitada o la defensa interpuesta en la acción requeriría que un tribunal en los Estados Unidos declare inválido el acto oficial del soberano extranjero.”

Para hacer responsable a China de sus actos, el fiscal Schmitt tendría que probar, entonces, que hubo un efecto directo entre las políticas comerciales de China y los Estados Unidos, en particular del estado de Misuri, y no, como parece ser el caso, una cadena de eventos que afectaron el comercio. Posiblemente se podría probar este efecto directo respecto de la venta de equipo de protección personal defectuoso, pero no sobre la información o el arresto de médicos, por ejemplo.

Además, la Foreign Sovereign Immunities Act concede numerosas defensas extraordinarias a los demandados, entre ellas la posibilidad de presentar apelación si la demanda no es desechada inmediatamente.

Cuando en 2011 se presentó en la Corte de Distrito de Connecticut una demanda en contra del expresidente de México Ernesto Zedillo por la matanza de Acteal, esta fue la defensa que sus abogados presentaron.

A esto hay que agregar la dificultad para obtener evidencia en China y los testimonios de las autoridades demandadas quienes tendrían que presentar sus deposiciones de forma voluntaria en los Estados Unidos, lo que no es probable que suceda.

Así las cosas, si este artículo fuera una tira cómica de Condorito, por sus inconsistencias legales el siguiente cuadro sería un ¡plop!

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