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Categoría: Lo Absurdo en el Derecho
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Mezquita

 

Ante un Juzgado de Distrito de Singapur, este 6 de noviembre fue presentada Lee Dji Lin, una mujer de 65 años, acusada de haber ofendido los sentimientos religiosos de su vecina musulmana Madam Marliah Jonet, en abril de este año.

Lee Dji Lin ya había sido detenida y sancionada por este mismo delito, cuando en junio de 2017 se le impuso una orden de tratamiento obligatorio, mandatory treatment order (MTO). En ese caso dejó carne cruda de puerco frente a la puerta de Madam Marliah Jonet. Para los musulmanes, al igual que para los judíos, la carne de puerco es haram, es decir, un alimento nocivo para el consumo humano y prohibido en el Corán.

Las MTO son sentencias que se imponen en el sistema legal de Singapur cuando se considera que es más efectivo que el ofensor asista a tratamiento por su salud mental que recibir sentencias de prisión.

En el caso de Lee, dos meses antes de terminar la MTO que se le impuso en junio de 2017, volvió a ofender los sentimientos religiosos de su vecina, cuando molesta por el ruido de la aspiradora le gritó anak babi en malasio que significa cerdo bebé. Así lo expuso el fiscal adjunto Vincent Ong.

“La acusada tuvo…la deliberada intención de lastimar los sentimientos religiosos de la víctima”, expuso al tribunal el fiscal.

La ofensa proferida a Madam Marliah Jonet se repitió nuevamente en junio cuando otra vez aspiraba su departamento.

En este caso, el fiscal adjunto pidió a la juez Brenda Tan que pidiera una evaluación sobre la procedencia de la emisión de otra MTO para Lee, señalando que existían “algunos vínculos contribuyentes” entre el trastorno delirante de la ofensora y los delitos cometidos.

Por su parte, como parte de la defensa, el abogado Chung Ting Fai dijo que su representada renta el departamento en el que vive y que pronto se mudará de ahí, lo que significa que Madam Marliah Jonet, de 63 años, ya no tendrá que soportar las ofensas de su vecina.

Por lo pronto, la juez Tan fijó el próximo 12 de diciembre como fecha para dictar sentencia. Mientras tanto, ordenó una evaluación sobre la procedencia de imponer una nueva MTO.

De no proceder una orden de tratamiento obligatorio se le podría imponer una pena de hasta tres años de prisión más una multa por cada ofensa.

Más información straitstimes.com

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