Panel arbitral condena a Italia a compensar a empresa petrolera por cancelación de proyecto, bajo los términos del Energy Charter Treaty
Un panel de arbitraje del Energy Charter Treaty, ECT, condenó al gobierno de Italia a pagar a la empresa británica de petróleo y gas Rockhopper 190 millones de euros por concepto de daños por la cancelación de un proyecto en la región de Abruzzo.
La decisión ha generado todavía más molestia en contra de este tratado de energía que, al proteger inversiones, permite que las empresas de combustibles fósiles demanden a los gobiernos por cancelación de proyectos de energía.
El ECT, del que México no es parte, fue firmado en 1994 para proteger las inversiones occidentales en proyectos de energía en países de la ex Unión Soviética. Con fundamento en este tratado, en 2014 se condenó a Rusia a compensar a los accionistas de la empresa petrolera Yukos, fundada por Mijail Jodorkovsky, quien estuvo en prisión por evasión fiscal.
A partir de la firma del Acuerdo de París y los planes de varios gobiernos de limitar las emisiones, varias empresas han iniciado procedimientos de arbitraje en contra de los diferentes gobiernos signatarios del ECT, en su mayoría europeos, por la cancelación de los proyectos en materia de energía.
Conforme con información del Secretariado del ECT, al 1 de junio de este año se han puesto en marcha 150 arbitrajes invocando el tratado. Se trata de un estimado porque no existe la obligación de notificar al Secretariado sobre estas disputas o los resultados.
En el caso, Rockhopper tenía un contrato para una plataforma de perforación en la región de Abruzzo en el sur de Italia, que fue cancelado por el gobierno, por lo que la empresa presentó controversia en 2017.
Italia ya no forma parte del ECT, pero bajo el clausulado del documento que concede un plazo de 20 años de caducidad, puede ser demandado por cancelación de proyectos hasta el 2036.
En este caso, el panel de arbitraje concluyó que Italia había incumplido las obligaciones contraídas bajo el tratado, por lo que debe compensar por los daños sufridos a la empresa británica. Se concedió al gobierno de Italia un plazo de 120 días para solicitar la anulación del laudo, pero solo puede anularse en limitadas circunstancias.
Sobre la decisión, Samuel Moody, director ejecutivo de Rockhopper, declaró: “Se ha realizado una gran cantidad de trabajo desde que adquirimos Mediterranean Oil & Gas Plc en 2014 y comenzamos el Arbitraje en 2017. Me gustaría rendir homenaje a nuestro equipo por su dedicación durante un período tan largo”.
Como el ECT empezó a ser utilizado en contra de los gobiernos europeos, varias de estas naciones, como España, Países Bajos, Francia, Alemania y Polonia, han pedido a la Comisión Europea, encargada de negociar a nombre de sus integrantes, que analicen la forma de abandonar el tratado.
Además, este año se convocó a una reunión para “modernizar” los términos de este documento internacional, pero los activistas por el medioambiente declaran que se trató de cosmética y que, en realidad, sigue siendo un documento perjudicial para alcanzar las metas acordadas en materia de cambio climático.
En junio, ocho habitantes de la Unión Europea que han sufrido en desastres ecológicos como sequías, inundaciones o incendios, anunciaron que ante la Corte Europea de Derechos Humanos presentarían acción legal en contra de 12 países europeos por violar sus derechos al ser parte del ECT.
La decisión en contra de Italia, que se ha convertido en noticia, ha puesto más luz sobre este tratado que está retrasando los planes de energías verdes o sostenibles.
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