Corte Constitucional de Ecuador

 

Corte Constitucional de Ecuador protege derechos indígenas para negarse a actividades extractoras en sus territorios

En una nueva decisión que protege la naturaleza, la Corte Constitucional de Ecuador prohibió las obras petroleras previstas en una zona del Parque Nacional Yasuní, en el corazón de la selva amazónica ecuatoriana, favoreciendo los intereses de las comunidades originarias.

El caso que se resolvió fue presentado en 2019 por abogadas de una organización civil reclamando la inconstitucionalidad del Decreto 751 expedido durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno, que permita tres torres petroleras en la Zona de Amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. En la demanda se exponía que este permiso ponía en riesgo los derechos de los pueblos originarios en aislamiento voluntario.

Pese a la demanda, a las peticiones de medidas cautelares urgentes y a las mismas promesas de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, cuando era candidato de “garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario” y “promover una Consulta Popular por el Yasuní”, en octubre de 2021 se presentó evidencia de la construcción de una carretera para llegar a las torres petroleras.

Estas obras, sin embargo, se deben detener pues el máximo tribunal del país sudamericano concluyó a principios de febrero que varios artículos del Decreto 751 son inconstitucionales, señalando en la sentencia que "ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni las garantías constitucionales".

De esta forma, se dispone que las comunidades indígenas del país pueden rechazar proyectos de extracción en sus territorios y que el gobierno solo puede proceder con estos planes “en casos excepcionales”, siempre que el proyecto no afecte de forma evidente a las personas y a la vida silvestre de los territorios protegidos.

Las comunidades indígenas de Ecuador han estado luchando en contra del gobierno por proyectos de extracción petrolera y de minería durante años. Uno de estos casos fue presentado por la etnia waorani, también de la Amazonia ecuatoriana en contra de la explotación petrolera en 180,000 hectáreas de tierra que son territorio ancestral de 16 comunidades.

En materia de medio ambiente y derechos indígenas, en 2011 la empresa petrolera estadounidenses Chevron condena a indemnizar por daños ambientales en la región amazónica de Sucumbíos. La sentencia no se ha podido cumplir porque Chevron sacó sus inversiones de Ecuador, además de que ha estado persiguiendo al abogado que llevó el caso en su contra, Steven Donziger.

En una decisión más reciente a favor del medio ambiente, en diciembre de 2021, la misma Corte Constitucional publicó la decisión que sostiene la protección del Bosque Protector Los Cedros frente a una concesión minera, confirmando que los derechos de la naturaleza protegidos en la Constitución ecuatoriana, no son “únicamente ideales o declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos”.

Lo anterior porque en 2008 Ecuador se convirtió en el primer país en otorgar en la Constitución personalidad jurídica a la naturaleza, Pacha Mama, promoviendo la convivencia armónica con la naturaleza mediante el cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de la biosfera y del patrimonio natural.

La decisión es un contratiempo a los proyectos económicos del presidente Lasso pues el petróleo es una de las principales exportaciones de Ecuador.

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