Corte Europea de Derechos Humanos

 

Presentan caso contra gobierno noruego en la Corte Europea de Derechos Humanos por concesiones petroleras en el Ártico

Dos organizaciones de protección al medioambiente y seis activistas están llevando un caso en contra del gobierno noruego por la concesión de 10 licencias de exploración y explotación petrolera en el Ártico ante la Corte Europea de Derechos Humanos, después de haber perdido el caso en los tribunales nacionales.

En mayo de 2016 el gobierno noruego otorgó 10 concesiones a 13 compañías petroleras para la exploración petrolera en el Ártico, una zona rica en gas y petróleo que el gobierno pretende abrir a la explotación ya que la economía del país nórdico está basada en estas industrias que representan más de la mitad de sus exportaciones.

La decisión administrativa fue recurrida por varias organizaciones con fundamento en el artículo 112 de la Constitución noruega, reformado en 2014, que establece que: “Cada persona tiene el derecho a un medio ambiente que sea propicio para la salud y a un medio ambiente natural cuya productividad y diversidad sea mantenida. Los recursos naturales deben ser administrados sobre las bases de consideraciones integrales de largo plazo por lo que este derecho será salvaguardado para futuras generaciones”.

Las tres instancias judiciales del caso fueron perdidas cuando en diciembre la Suprema Corte noruega, Høyesterett, concluyó que si bien el mencionado artículo puede ser invocado si el gobierno incumple sus obligaciones medioambientales, las concesiones no se incluyen en este caso porque al otorgarlas el gobierno no ha incumplido ninguna de sus obligaciones y tampoco se infringió ningún derecho humano porque las concesiones no presentan un riesgo real e inminente.

“Los jóvenes activistas y las organizaciones ambientales argumentamos que esta sentencia es errónea porque descartó el significado de los derechos ambientales constitucionales y no tomó en consideración una evaluación precisa de las consecuencias del cambio climático para las generaciones futuras”, declaró un vocero de Greenpeace sobre la decisión de la Suprema Corte.

Por tal motivo, junto con Greenpeace, la organización Jóvenes Amigos de la Tierra Noruega y seis activistas están llevando su caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, un tribunal que no podrá ordenar al gobierno que anule las concesiones, pero que, de fallar a favor de los activistas, sentaría un importante precedente sobre el ámbito de protección a los derechos humanos en materia de clima y medioambiente.

En fechas recientes las organizaciones se han valido de los tribunales para tratar de detener el cambio climático obligando a gobiernos y empresas de combustibles fósiles a cumplir con los compromisos tomados en el Acuerdo de París.

Al respecto, Paul Griffin, profesor distinguido de Administración de la Universidad de California, Davis, expuso recientemente en The Conversation que no cree que, al menos en el futuro inmediato, el camino para lograr un verdadero impacto en materia de cambio climático esté en los tribunales, como aseguran los abogados, sino en la situación financiera y en los mercados.

El profesor Griffin expone que los tribunales son lentos en dar respuesta y que en Estados Unidos todavía ningún caso sobre cambio climático ha llegado a la Suprema Corte ya que muchos jueces han concluido que el asunto es facultad de los poderes ejecutivo y legislativo y no judicial.

Hace notar que el mismo día en que un tribunal en Países Bajos falló en contra de Shell y le ordenó reducir sus emisiones, en Exxon, con el apoyo de la mayor inversionista, se logró el nombramiento de tres consejeros expertos en energías renovables y en Chevron el Consejo votó por reducir las emisiones por el uso de los productos de la empresa.

Si bien los inversionistas, que actualmente tienen mucho poder en los Consejos de las empresas petroleras, actúan según sus propios intereses, cuando no reciben rendimientos de sus inversiones proporcionales al riesgo financiero, toman medidas, ya sea recortando sus tenencias o utilizando su poder de voto para efectuar cambios. Y en fechas recientes los mercados han estado prestando atención a los altos riesgos del cambio climático, a la regulación que se emite y sí, también a las demandas judiciales.

Ya sea por la presión de los inversionistas y/o de los tribunales, la presión real viene de la población y de sus hábitos de consumo y exigencias. Por eso son tan importantes los movimientos que promueven la desinversión, como los ejecutados por 350.org, o las acciones judiciales promovidas por organizaciones como Urgenda en Países Bajos y otras. Se trata de organizaciones que funcionan con la unión de las personas para lograr importantes cambios.

Más información thelocal.no / theconversation.com

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