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Alberta llevó a tribunales caso en contra de ley que faculta al gobierno federal a evaluar impacto de proyectos

En la Corte de Apelaciones de Alberta, Canadá, se están escuchando esta semana los argumentos del caso presentado por el procurador general de Alberta en contra de una ley federal que faculta al gobierno federal a revisar proyectos provinciales en materia ambiental, social y económica.

Se trata de la Ley de Evaluación de Impacto, Impact Assessment Act, decretada en junio de 2019 para incluir, entre otros, una lista de proyectos provinciales que el gobierno federal puede evaluar para determinar los efectos ambientales, económicos, sociales, de salud y sobre grupos indígenas. Se trata de evaluación de proyectos en industrias y sectores de energía renovable, petróleo y gas, transporte, energía nuclear, disposición de desechos, explotación marina y de aguas, minería, etc.

La provincia de Alberta contiende que se trata de una ley inconstitucional porque “amenaza con destripar la autoridad provincial sobre el desarrollo de recursos”, según expuso el fiscal general de Alberta ante la Corte de Apelaciones al exponer el caso.

La provincia de Alberta expone que la ley duplica los esfuerzos provinciales y aborda una gama más amplia de proyectos potenciales ya que permite a las autoridades federales tomar en consideración como un proyecto afecta el trabajo del gobierno federal en materia de cambio climático, impactos social y equidad de género, además de los efectos acumulados cuando es combinado con otros proyectos.

“Los factores que deben considerarse en una evaluación van mucho más allá de los factores estrictamente ambientales e incluyen factores de carácter económico y social”, argumenta la provincia de Alberta que en este caso está apoyada por las provincias de Ontario y Saskatchewan.

Una ley anterior también facultaba al gobierno federal a hacer evaluaciones de proyectos provinciales, pero se limitaba a ciertos temas como pesca, aves migratorias y aguas navegables. Ahora se incluyen proyectos que antes solo eran evaluados provincialmente. Así, para esta provincia, el efecto de la ley es que será el gobierno federal y no las provincias las que decidan si un proyecto se puede considerar de interés público.

La ley es defendida, además del gobierno federal, por cuatro organizaciones del medioambiente que señalan que la ley no traslapa facultades provinciales.

“Hay una gran cantidad de jurisprudencia de la Corte Suprema de Canadá de que el medio ambiente es jurisdicción compartida", declaró David Khan, abogado de Ecojustice, una de las organizaciones que interviene en apoyo de la legislación.

Otro argumento que se presenta a favor de la ley es que no se faculta al gobierno a evaluar el proyecto, sino los efectos del proyecto. “No concede al gobierno federal alguna especie de veto al proyecto, sino que concede al gobierno federal herramientas más transparentes para examinar los efectos del proyecto en jurisdicción federal”, asegura el abogado Khan.

Para los profesores de Derecho de la Universidad de Calgary, Nigel Bankes y Martin Olzynski, al delimitar esta ley los proyectos en los que el gobierno federal puede intervenir beneficia a las provincias. Así, al hacer las evaluaciones, el gobierno federal debe determinar si el proyecto tiene efectos negativos en asuntos de jurisdicción federal, lo que a juicio de los profesores sustenta la constitucionalidad de la ley.

Se espera que toda esta semana se escuchen argumentos a favor y en contra. Se trata de un caso que ha generado mucha atención y en el que están interviniendo, además de las provincias de Ontario y Saskatchewan y de las cuatro organizaciones medioambientales, tres naciones originarias de Alberta, seis asociaciones industriales y otras organizaciones.

Más información cbc.ca /canada.ca

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