Aprobación del Acuerdo de París

 

Tribunal falla en contra del estado francés en caso presentado por falta de medidas en contra del cambio climático

En la primera decisión de su tipo, el tribunal administrativo de París, Francia, concluyó este lunes que el estado francés es culpable de no haber cumplido con las metas de reducción de emisión de gases efecto invernadero y ordenó una compensación simbólica de un euro por daño moral.

La importancia de este caso radica en el reconocimiento de la falta de acciones comprometidas para cumplir las metas que el estado adquirió hace cinco años con la firma del Acuerdo de París para reducir en un 40 por ciento las emisiones en 2030.

El caso fue presentado por cuatro organizaciones medioambientales entre las que están Oxfam France y Greenpeace Francia. Se trata de organizaciones que el año pasado apoyaron el recurso presentado en el Conseil d’Etat, Consejo de Estado, en contra del gobierno de Francia por Grande-Synthe, una ciudad costera del norte del país expuesta a los efectos del cambio climático, y que pidió al gobierno que tomara mayores medidas para efectivamente cumplir la meta trazada por Francia para reducir las emisiones. En este caso, el Consejo de Estado concedió al gobierno un plazo de tres meses para que justifique por qué no aceptó tomar medidas adicionales para alcanzar las metas impuestas de reducción de emisiones de carbono para 2030. Este plazo vence a mediados de este mes.

La decisión de esta semana en el tribunal administrativo de París no difiere en esencia de la decisión del Consejo de Estado de noviembre del 2020 en el sentido de que responsabiliza al gobierno de la falta de medidas adecuadas para lograr una reducción del 37 por ciento de emisiones para el 2030, compromiso adquirido en el Acuerdo de París, notando que los esfuerzos se retrasaron hasta el 2020.

La meta del 37 por ciento de reducciones, fue elevada por Francia al 40 por ciento en una ley nacional. Para cumplir esta meta el gobierno aprobó una ruta de cuatro periodos (2015-2018, 2019-2023, 2024-2028 y 2029-2033) cada uno con un tope de emisiones, llamado “presupuesto de carbono”, que progresivamente va en descenso. Sin embargo, un decreto del 21 de abril del 2020 año pospuso algunos de los esfuerzos para la reducción de emisiones hasta 2023. Con este decreto la situación se agudizó ya que las reducciones planeadas para el primer periodo de 2015-2018, establecidas en una reducción del 2.2. por ciento por año no fueron alcanzadas, quedándose en un 1 por ciento por año. Es decir, el gobierno planteó una reducción de esfuerzos para reducir metas que hasta el momento no han sido alcanzadas.

Frente a este decreto, en diciembre el presidente Emmanuel Macron, que, pese a los exiguos resultados que hasta ahora ha alcanzado en su país, se presenta al mundo como el líder en contra del cambio climático, instó a la Unión Europea a elevar la meta de reducciones para el 2030 del 40 por ciento actual a un 55 por ciento en comparación con las emisiones de 1990.

En el caso de esta semana, además de la compensación por daño moral, que es una cantidad simbólica que los tribunales suelen fijar, el tribunal administrativo parisino se concedió un plazo de dos meses para decidir las medidas para reparar el problema, estableciendo que no se trata en este caso de sanciones económicas, sino de la toma de acciones adecuadas para tratar de recuperar el tiempo perdido en los cinco años en que se disminuyeron las metas a ser alcanzadas.

Se trata de una decisión de primera instancia que puede ser legalmente apelada, pero que políticamente podría no ser muy conveniente.

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