Deshielo, Ártico

 

Iniciaron audiencias del caso en contra del gobierno de Noruega por licencias para exploración petrolera en el Ártico

Esta semana empezaron en la Suprema Corte de Noruega las audiencia del caso presentado en contra del gobierno de ese país por las licencias otorgadas para la exploración y explotación de petróleo en el Ártico, específicamente en el Mar de Barents, “uno de los últimos ecosistemas marinos grandes, limpios y relativamente intactos de Europa" según el World Wildlife Fund.

El caso se remonta a mayo de 2016 cuando el gobierno noruego otorgó 10 concesiones a 13 compañías petroleras para la exploración petrolera en el Ártico, una zona rica en gas y petróleo que el gobierno pretende abrir a la explotación ya que la economía del país nórdico está basada en estas industrias que representan más de la mitad de sus exportaciones. Esto pese al establecimiento de objetivos para la reducción de emisiones contaminantes.

Este acto administrativo fue recurrido por varias organizaciones ambientalistas por presentar un grave riesgo al medio ambiente, estableciendo que al otorgar estas concesiones el gobierno viola el artículo 112 de la Constitución noruega, reformado en 2014, que establece lo siguiente: “Cada persona tienen el derecho a un medio ambiente que sea propicio para la salud y a un medio ambiente natural cuya productividad y diversidad sea mantenida. Los recursos naturales deben ser administrados sobre las bases de consideraciones integrales de largo plazo por lo que este derecho será salvaguardado para futuras generaciones”.

Pese a que el fundamento para las demandas parece ser muy claro, las organizaciones ambientalistas que demandaron, entre ellas Greenpeace y Natur og Ungdom, Naturaleza y Juventud, no han tenido éxito en los tribunales pues en enero de 2018 la Corte de Oslo falló en su contra y luego se les negó el derecho de apelar directamente ante la Suprema Corte. En esa decisión, la corte de Oslo estuvo de acuerdo con la posición del abogado del gobierno, Fredrik Sejerstad, quien expuso que la política petrolera de Noruega debe ser decidida por el Parlamento y no por los tribunales. Además aseguró que cualquier victoria judicial de las organizaciones ecológicas significaría restar poder al Parlamento e incluso una amenaza a la democracia de Noruega.

En enero de este año, las organizaciones volvieron a sufrir una derrota en la Corte de Apelaciones, aunque, basados en esa decisión que reconoce que la Constitución sí concede un derecho justificable a un medio ambiente sano y que “el alcance de las responsabilidades de Noruega incluye el daño ambiental causado por el uso del petróleo noruego exportado en otros países", decidieron presentar su caso ante la Suprema Corte, tribunal que en abril aceptó revisarlo.

Ante los 15 magistrados de la Suprema Corte, los grupos ecologistas sostienen que los planes de exploración petrolera no fueron completamente investigados antes de ser aprobados. Presentan también un reporte experto, que les era desconocido, que pone en duda el beneficio económico de la perforación en el Mar de Barents. Este reporte fue comisionado por el gobierno en 2013, pero no fue presentado al Parlamento.

El gobierno sigue exponiendo que una interpretación muy amplia del derecho a un medio ambiente sano podría “cambiar la relación ente los poderes del estado de una manera fundamental”, además de que dicen que están cumpliendo el mandato constitucional al compensar los efectos negativos en el ambiente en otras áreas.

Por tratarse de un caso muy importante que se refiere a la explotación petrolera en el Ártico, una zona en crisis en gran parte por las altas emisiones de contaminantes y porque es el objetivo de la competencia entre los países para explotar los recursos de una zona que aparentemente es muy rica en ellos, se han presentado amicus curiae por varias organizaciones. Entre ellas la de los relatores especiales de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para el Medio Ambiente.

Por las restricciones impuestas por el coronavirus, las audiencias se están sosteniendo en línea. Se prevé que este caso, que coincidentemente inició el mismo día en que se oficializó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, se verifiquen hasta el 12 de noviembre. La decisión final del máximo tribunal se espera dentro de varias semanas.

Conforma con el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, entre 2015 y mayo de 2020, se han presentado 36 demandas en materia de cambio climático en contra de diferentes gobiernos por violaciones a los derechos humanos.

Más información nytimes.com

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