Mujer con brazos extendidos

 

Corte Suprema de Oregon rechaza demanda por cambio climático porque atmósfera no forma parte de bienes a ser protegidos

La Corte Suprema del estado de Oregon, Estados Unidos, rechazó la demanda presentada en 2011 por entonces dos adolescentes en contra del gobierno del estado por no ejercer sus obligaciones públicas de protección de los recursos naturales en contra del cambio climático.

La acción civil fue presentada por Olivia Chernaik y Kelsey Cascadia Rose Juliana en contra del gobernador de ese entonces, John Kitzhaber, argumentando que la inactividad del gobierno para detener la crisis climática infringía el deber legal de proteger los bienes como la tierra, agua y atmósfera para las generaciones futuras. La demanda se basaba en la doctrina de la confianza pública según la cual el poder soberano tiene bajo su cuidado ciertos recursos que tradicionalmente se han aplicado a las líneas costeras entre las mareas altas y bajas, independientemente de la propiedad privada.

Como la doctrina invocada tiene un alcance limitado, el juez de la Corte de Distrito del Condado de Lane desechó la demanda en la que se pedía que los funcionarios presentaran reportes anuales sobre las emisiones de gases efecto invernadero del estado y que desarrollaran e implementaran un plan para reducir las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono a 350 partes por millón para 2100.

El juez Karsten Rasmussen dijo en la decisión de 2015 que los funcionarios estatales no tienen obligación fiduciaria respecto de la tierra y atmósfera por el cambio climático, porque solo tienen obligación de proteger tierras sumergidas y sumergibles, es decir, la tierra comprendida entre las marcas de la marea alta y la baja, estableciendo expresamente que la doctrina no aplica a aguas navegables, playas, islas, vida silvestre ni a la atmósfera.

El caso pasó a la Corte de Apelaciones que rechazó nuevamente la demanda en 2019, sin haberse pronunciado sobre los recursos sobre los que aplica la doctrina y la consecuente obligación del estado.

El 22 de octubre, en una decisión de 6 votos contra uno, la Corte Suprema de Oregon confirmó la decisión de primera instancia, aunque estableciendo que la doctrina de confianza pública comprende también las aguas navegables y las tierras sumergidas y sumergibles debajo de esas aguas. “Aunque la confianza pública puede ser extendida para incluir más recursos naturales, nosotros en esta oportunidad no extendemos la doctrina para comprender otros recursos naturales.”

En la decisión de la mayoría se lee: “Rechazamos el argumento de los demandantes de que este tribunal debería adoptar una prueba amplia para determinar los recursos fiduciarios protegidos y, aplicando esa prueba, debería sostener que la doctrina de la confianza pública se extiende a todas las aguas del estado, a los peces silvestres y otros animales silvestres y a la atmósfera en Oregon”.

“En este caso, por lo tanto, no imponemos deberes fiduciarios amplios sobre el estado, similares a los deberes de los fideicomisarios privados, que requerirían que el estado proteja los recursos fiduciarios públicos de los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero y el consiguiente cambio climático”, se explica en la decisión.

En la opinión disidente, la presidente magistrada Martha Walters opinó que la Corte debió haber declarado que el estado tiene el deber de prevenir “un deterioro sustancial” de los recursos naturales confiados por el pueblo al estado.

“Debido a que el propósito de la doctrina de la confianza pública es garantizar el derecho del pueblo de usar y disfrutar de los recursos públicos confiados ahora y en el futuro, la doctrina debe imponer una obligación de protegerlos y preservarlos”, se lee en la opinión disidente.

“Para asegurar el uso y disfrute futuro de los bienes confiados al estado, el estado debe hacer más que abstenerse de vender los recursos públicos confiados y restringir su uso”, de tal forma que si emite contaminantes que interfieran con uso y disfrute de esos bienes, el tribunal debería emitir una orden de restricción. Finalmente, la magistrada explicó que la obligación de proteger se incumple por acción o por falta de acción.

La abogada de los demandantes, Courtney Johnson, del Crag Law Center, se manifestó contrariada por la decisión en la que la Corte acepta expandir la definición a aguas navegables, pero rechaza “dar a esa obligación cualquier significado respecto de los devastadores impactos del cambio climático”, explicando que en el estado no son ajenos a esos impactos debido a los devastadores incendios del mes pasado.

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