Tribunal federal de Brasil detiene construcción de mina de carbón a cielo abierto
El viernes 21 de febrero, después de largas audiencias en que se escucharon opiniones de expertos y de continuas manifestaciones, el Tribunal Federal de Brasil concedió la suspensión de Guaíba, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina.
El proyecto de mina en el estado Rio Grande do Sul, estaba a cargo de la empresa Copelmi, era financiada por el banco Banrisul y contaba con el apoyo del gobierno federal. Se trata de un proyecto que según estimaciones del doctor Rualdo Menegat, profesor del Instituto de Geociencias de la Universidad Rio Grande do Sul, cuando el carbón extraído fuera quemado generaría un estimado de 4.5 gigatoneladas de dióxido de carbono, una cantidad equivalente al 10 por ciento de las emisiones anuales del mundo.
Las personas potencialmente afectadas por esta mina y varias organizaciones medioambientales, respaldadas por el Instituto Arayara y la Asociación de Indígenas Poty Guarani, presentaron una acción pública civil pidiendo la prohibición del proyecto no solo por las potenciales afectaciones a millones de personas, incluidos los habitantes de Porto Alegre, la capital del estado, sino por la falta de consultas a los pueblos indígenas directamente afectados por la construcción de la mina.
De esta forma, los principales afectados serían los habitantes de Aldeia Guajayvi, quienes hubieran sido desplazados de sus tierras en las que ahora se cultiva arroz orgánico, además de que hubieran tenido que vivir explosiones y movimientos de tierra diariamente por unos 30 años, con emisiones de gases tóxicos y contaminantes. Además de tener que respirar materiales en partículas cargados de mercurio, enfrentarían la degradación de todo el paisaje escénico alrededor de su territorio y enfrentarían dificultades para obtener agua potable.
Al dictar la resolución, la juez presidente del panel explicó que fallaban a favor de los demandantes porque las comunidades indígenas que serían afectadas por la mina de carbón no fueron consultadas como lo exige la legislación brasileña vigente y el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, del cual Brasil es signatario.
En su artículo 6 inciso a), la mencionada Convención establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Con este fallo el proyecto de la mina de carbón Guaíba queda detenido, a menos de momento. El gobierno federal de Brasil, que se ha mostrado poco respetuoso de las comunidades indígenas y del respeto a sus derechos, puede proceder como lo hizo el gobierno canadiense de Justin Trudeau respecto de un polémico proyecto de ampliación de un oleoducto, y consultar a los pueblos indígenas. Aun si la respuesta de estos pueblos sigue siendo de oposición, es probable que los tribunales concedan la razón al gobierno como sucedió en Canadá.
Esperemos, sin embargo, que el derecho de los habitantes se siga escuchando, no solo en Brasil sino en todos los países, cuando la salud y el bienestar presente y futuro de las personas se pone en riesgo en función de la ganancia económica de unos cuantos.
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